El verano llega a su fin, y al diseño organizacional del sector aún le falta una última puntada
Corrió mucha agua bajo el puente desde la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023. Para lo que compete al sector TIC, efectivamente el agua corrió, pero quedó estancada.
Corrió mucha agua bajo el puente desde la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023. Para lo que compete al sector TIC, efectivamente el agua corrió, pero quedó estancada. La salida de Guillermo Ferraro a fin de enero impuso una parálisis de 15 días y generó un río revuelto de funcionarios a la espera de definiciones.
Recién en las últimas jornadas de febrero, esa cartera -que supo vanagloriarse de sus "super" poderes- recibió su estocada final vía Boletín Oficial y las compe-tencias del sector TIC del ministerio de Infraestructura pasaron sin mayores precisiones a Jefatura de Gabinete (Decreto 195/2024).
Este primer atisbo de definiciones se dio recién después de zanjada (o no) la instancia de debates, idas y venidas por la Ley Ómnibus, y dejó asentado un nuevo enjambre de rumores sobre el destino de las decisiones TIC: si acaso se trasladará la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad directo y sin escalas a Jefatura; si se creará una nueva subsecretaría debajo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (liderada por Alejandro Cosentino); o si desaparecerá por completo el armado original.
En lo concreto, el Decreto 195 amplía atribuciones de Jefatura -es decir, de Nicolás Posse- mediante el artículo 2, que le endilga "entender en el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público, a la innovación de gestión, a la modernización de la Administración Pública Nacional, al régimen de compras y contrataciones, a las tecnologías de la información, a las telecomunicaciones, a los servicios de comunicación audiovisual, al desa-rrollo satelital y a los servicios postales".
En tanto, los compromisos y obliga-ciones asumidos por la desaparecida cartera de Ferraro, se trasladaron a la esfera de Economía, es decir, de Luis Caputo: según el artículo 8, se consideran "transferidos los créditos presupuestarios, unidades organiza-tivas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se apruebe la estructura organiza-tiva del citado Ministerio de Economía".
De todas maneras, esta primera división de aguas contenida en el Decreto 195 deja aún lugar a definiciones, necesarias para organizar el funcionamiento institucional del sector TIC. La industria quiere certezas y señales de un rumbo, y así se lo había expresado a Ignacio Cingolani en el único encuentro formal hasta el momento (con operadores, cámaras y cooperativas, el 16 de enero), cuando el ex Comfer tenía un puesto asegurado -el de Secretario de Comunicaciones y Conectividad, en la desaparecida car-tera de Infraestructura-.
Sin embargo, al cierre de esta edición continúan las acefalías y las internas, en un contexto marcado por las tratativas de la "fusión", "conver-gencia" y otras recetas entre La Libertad Avanza y el Pro.
Las novedades que trajo hasta el momento el proceso de intervención en Enacom -iniciado a fines de enero y por espacio de 180 días-, tienen que ver con los avales para que las constelaciones de satélites en órbita baja Kuiper, Oneweb y Starlink operen en Argentina (Resoluciones 1, 2, 3 y 4 de 2024).
Motosierra. "La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian", sentenció el Presidente en la charla televisiva charla tras su visita al Papa.
Y en efecto, las certezas hasta el momento van por los recortes. Medios públicos y fondos fiduciarios concentran los primeros gastos de combustible de la motosierra.
A inicios de febrero se dispuso la intervención de Educ.ar, Télam, RTA y Contenidos Públicos por un año (Decreto 117/2024). Se designó entonces como interventores a Diego Martín Chaher y Diego Sebastián Marías.
Ya con los primeros días de marzo se estableció el cierre de la agencia de noticias Télam, con vallado policial incluido y empleados en la calle.
Entre las primeras reacciones sobre este último hecho, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez recordó que Télam es una sociedad del Estado, regida por la ley 20.705.
En su artículo 5 se establece que para ser liquidada por parte del Poder Ejecutivo, es necesaria la previa autorización del Congreso mediante la sanción de una ley.
Reforzó que el cierre de la agencia de noticias va en contra del DNU 70/2023: "Télam primero debe convertirse en una sociedad anónima y después, aplicando la ley de sociedades 19.550, podrá disolverse. Un gobierno desconociendo su propia normativa de emergencia es realmente preocupante y desopilante", analizó en declaraciones publicadas en Página 12.
En cuanto a los fondos fiduciarios, sobre los hombros de Luis Caputo pesa la responsabilidad de realizar, con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, una auditoría integral (Decreto 215/2024).
El plazo inicial de 60 días de trabajo sobre estos fondos -no se precisó en particular de cuáles se trata y si incluyen al de Servicio Universal- podría prorrogarse por otro similar y por única vez.
En el decreto que estipuló al Ministerio de Economía como fiduciante en nombre del estado nacional, se llama a "identificar áreas y temas críticos para el funcionamiento de cada fondo fiduciario y evaluar la conveniencia de su continuidad".
El texto en cuestión acusa que "se ha observado la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funciona-miento de cada fondo fiduciario; las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de infor-mación sobre el estado de ejecución y avance de obras, entre otros".
Batidora. Donde más se advirtió el "efecto batidora", es decir, de remezón sobre las propias decisiones, es en el campo de Comunicaciones y Medios del Gobierno. El 2 de febrero los medios públicos pasaron a la órbita de Jefatura de Gabinete, por medio del Decreto 110/2024, que echó por tierra las tareas endilgadas en diciembre a secretarías presidenciales. La medida agregó tres atribuciones a Nicolás Posse, que antes estaban adjudicadas a la Secretaría de Comunicación y Prensa: administrar y controlar los medios de difusión; entender en el lineamiento de las políticas referentes a Medios Públicos Nacionales y su instrumentación; e intervenir en la definición de la estrategia de comuni cación y de contenidos relacionados con el Estado Nacional y sus mensajes públicos.
El Decreto justificó este movimiento en la necesidad "de lograr una gestión más eficiente".
La medida fue acompañada por el Decreto 111/2024, del mismo día, que incorporó a los objetivos de la Secre-taría de Empresas y Sociedades del Estado -dependiente de Jefatura- 5 objetivos ligados a los medios públicos.
El número 12 concierne a la interven-ción en la administración y funciona miento de Radio y Televisión Argentina; el 13, a lo propio en Télam, Contenidos Públicos S.E. y el Polo de Producción Audiovisual; y el 14, a la participación del Estado en Telesur.
Ese mismo Decreto 111/2024 encargó a la Secretaría General de la Presidencia (liderada por Karina Milei) más de veinte objetivos relacionados con la publicidad oficial, la vocería presidencial, la elaboración de contenidos de redes sociales.
Todas estas tareas salieron de este modo de manos del periodista televisivo Eduardo Serenellini, en la Secretaría de Comunicación y Prensa, para terminar bajo la órbita de la hermana del Presidente.