¿Han sido consultados para la reglamentación del DNU 690?

Sólo tuvimos conversaciones puntuales sobre la prestación básica universal para sectores más vulnerables. El DNU 690 se dio en un contexto particular de Argentina, como consecuencia del Covid-19 y situaciones pre existentes. La pandemia fue un auténtico tsunami y cambió totalmente la perspectiva del 2020 para todos los actores.

La reglamentación del DNU no es sustentable. Se trata de medidas estructurales que se tomaron unilateralmente, y que no coinciden con lo que se venía discutiendo. Tenemos dos opciones: un modelo de consenso con sustentabilidad técnicas o un escenario de conflicto permanente. Pedimos entender cuál es el modelo para una agenda constructiva. Si la idea con las prestaciones básicas es llegar a sectores vulnerables, será con subsidios del Estado, porque no tenemos fondos para ello.

El decreto no está en línea con la posibilidad de prestar mejores servicios. Las herramientas deben ser instrumentales para un fin. Eso es lo que hablamos con el gobierno: queremos entender qué se quiere hacer. Es una reacción a una situación especial del 2020 y no una herramienta para la nueva normalidad y la recuperación económica de Argentina.

Hemos trabajado bastante en las prestaciones de servicios móviles. Pero en banda ancha aún no, porque hay múltiples actores y el pedido es que todos participen. Entendemos que hubo conversaciones con Cabase y cooperativas luego de la publicación del decreto. Nos falta avanzar en opciones que se podrán manejar, diversas por tamaños de localidades, entre otras variables. 

¿Qué análisis hacen de las condiciones macroeconómicas para desenvolver su negocio a nivel local en el corto plazo?

Argentina terminó 2019 con condiciones únicas, por la inflación y la caída de la actividad económica, que dieron lugar a situaciones de pobreza estructural y una situación muy delicada. Es necesario plantear cómo se recuperará un marco de negocios sustentable de la industria, cuáles son las reglas de juego para la sustentabilidad de las inversiones. Coincidimos en muchos de los mensajes implícitos en el DNU 690: que los servicios de telecomunicaciones son de lo más importante de la era actual, pero hay que dotarlo de un marco de herramientas adecuadas.

Se debe encarar una política de carácter país, con prescindencia de colores políticos, porque las redes se construyen lentamente y hay que mantenerlas con inversiones. Son procesos largos que requieren de enfoques estratégicos. El DNU atiende cuestiones puntuales, debilita a la industria y su posibilidad de ampliar servicios y mejorar su calidad.

Las condiciones actuales no hacen sustentable a la operación en 2021. Aspiramos a avanzar con nuestra red de fibra, entre otras cosas, pero dependerá de las condiciones macroeconómicas.

En este contexto, ¿cuál es el plan de inversiones de la compañía para los próximos tres años?

El plan de inversiones aún no está cerrado para 2021. Haremos la mejor y mayor inversión en función de los ingresos. En 2019 se vieron afectados por la inflación de más del 50% y una fuerte devaluación de la moneda. En 2020, si bien la inflación bajó al 37 o 38%, hubo una pérdida de ingresos muy pronunciada por el congelamiento de tarifas de todos los servicios durante nueve meses.

En prepago, el congelamiento viene desde noviembre de 2019. Esto genera un daño enorme a la industria. Y condiciona fuertemente las inversiones para 2021.

Para 2020 la aspiración de Claro con su red de fibra era llegar a los 2 millones de hogares pasados. ¿Qué meta tienen para 2021?

Tenemos dos grandes avenidas de proyectos. Por un lado, la expansión de la red móvil. Por otro, la red de fibra al hogar. En 2020 superamos los 2,2 millones de hogares pasados, y nuestra idea es seguir con las inversiones en fibra durante 2021. Pero tenemos menos recursos. Se requieren cada vez más conexiones a Internet, tanto fijas como móviles, pero los ingresos no son sustentables.

Entonces, el 2021 será una apuesta a la imaginación, a la búsqueda de soluciones específicas para responder a la demanda de despliegues.

En términos de asignación espectro, ¿qué quedó pendiente en 4G en Argentina?

Hay una devolución pendiente de otro operador, que tendría que haberse cumplido a mitad de 2020. Por otra parte, hay una cantidad de frecuencias disponible para 4G, y lo más inteligente sería que se utilice durante 2021, en 2,6 Ghz y 700 Mhz. Argentina tiene solo el 30% del espectro asignado que recomienda la UIT. Es un área de trabajo importante y el reto es tomar medidas concretas al respecto.

¿Qué expectativas tienen sobre la tecnología 5G en lo referido a tiempos de implementación, inversión y atribución de espectro?

Hemos trabajado en el core de la red, adaptándola y preparándola para pruebas de 5G, que haremos en 2021. Hace falta una preparación del acceso a distintas bandas de espectro. Es un escenario completamente diferente: el trabajo de identificación de bandas, organización del proceso para hacerlo disponible, la limpieza u ordenamiento, lleva por lo menos un año. Por eso, recién en 2022 o 2023 Argentina podría estar en condiciones de despliegues masivos de 5G.

El Covid-19 retrasó los planes para la quinta generación en América latina, pero en 2021 se avanzará a nivel regional y Argentina debe estar alineado. Es central que el país no se “desenganche” del tren mundial de evolución de tecnologías, porque 5G es un salto que permite cambios en eficiencia económica.

Esta nota fue publicada en el Atlas y Anuario de las Comunicaciones 2020 en el 25 aniversario de Convergencia.