Tanto la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Jefatura de Gabinete como el Grupo Clarín apelaron ante la Cámara Civil y Comercial el fallo del juez Horacio Alfonso sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los entes gubernamentales aseguraron que Clarín realiza actividades de interés público, pero que no presta ningún servicio público, lo que posibilita el cese de sus licencias sin indemnización. El grupo empresario, por su parte, cuestionó la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 declarada por el magistrado, y opinó que la ley “configura un avance contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.