Gobierno inteligente es la denominación actual del desarrollo que adquirió, en promedio, la digitalización de la administración pública, según definió Luis Papagni, subsecretario de Innovación Administrativa de la Secretaría de Innovación Pública. Esto implica un estadío de tercer grado, superador de dos instancias anteriores –gobierno “electrónico” y “digital”-. Los organismos caracterizan como gobiernos “inteligentes” al disponer de una interacción entre los Estados y los habitantes, con tramitación digital constante y un ida y vuelta que habilita la aplicación de inteligencia de datos para otorgar servicios al ciudadano.

El próximo paso que deben encarar las administraciones va más allá, hacia una fase de “gobierno cognitivo”. En este, la burocracia es invisibilizada por medio de tres tecnologías: inteligencia artificial, interoperabilidad y blockchain. Sobre estos pilares, que fueron uno de los ejes de los debates del encuentro virtual, la oportunidad para el sector público está en la notarización -es decir, la capacidad de verificación- y la gestión de la identidad o “identidad auto soberana”.

La subsecretaría de Innovación Administrativa trabaja en llegar a esta meta de una identidad digital interoperable, y Papagni enfatizó en dos pasos necesarios para ese fin. Primero, establecer el Documento Público Digital (DPD), con el que cualquier persona pueda interactuar, de acceso rápido y simple, y compatible con cualquier entorno de software. “Busca ser una disrupción tecnológica, que genere un lenguaje moderno. Estamos impulsando un proyecto de ley que garantice la implementación del DPD”, adelantó.

En paralelo, el trabajo en interoperabilidad se vuelve esencial. Si bien a nivel nacional se cuenta con la plataforma “Interoperar”, cada provincia puede desarrollar una propia, y ahora el foco está en que todas logren “dialogar” entre sí. Neuquén, por ejemplo, es un caso avanzado, tras implementar XROG bajo el modelo de Estonia. Papagni anticipó que se publicará una norma IRAM sobre interoperabilidad en breve, de manera que un eventual DPD sirva como herramienta contenedora de datos mínimos y capaz de interactuar con otras plataformas.

En las instancias provincial y municipal también se advierte que la interoperabilidad es uno de los factores clave para el quehacer cotidiano. La provincia de Buenos Aires está construyendo en un bus, y la municipalidad de Córdoba trabaja junto a otras jurisdicciones locales en alcanzar la interoperabilidad de las bases de datos provinciales, ya que la falta de “diálogo” entre ellas genera problemas diarios en muchas jurisdicciones.

Alejandra Torres, secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba, destacó como primer paso en este sentido la integración de los registros civiles digitales. Ahora el distrito evalúa, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, una prueba piloto para sumarles blockchain y dar trazabilidad a esas operaciones.

Salud. Uno de los terrenos donde la interoperabilidad ya rinde sus frutos es el de digitalización de la salud. Unos 5 millones de ciudadanos ya están federados en el bus desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación, aunque es necesario avanzar hacia una interoperabilidad con otros registros como, por ejemplo, la matriculación de profesionales del Ministerio de Educación. Cynthia Speranza, directora Nacional de Sistemas de Información de Salud, recalcó que el trabajo actual de esta dependencia se enfoca en la compartición del resumen de Historia Clínica Electrónica (HCE) entre distritos y su interacción con los sistemas de vacunación, el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y Mi Argentina.

Bettina Petrella, coordinadora del Área de Sistemas en el Ministerio de Salud Pública de Misiones, habló de la experiencia con la HCE desarrollada en esa jurisdicción, de capa clínica y administrativa, conocida como RISMi (Sistema de Red de Información en Salud de Misiones). Fue implementada en 2010 en el Hospital Escuela de Agudos y luego se trasladó a centros de atención primaria. Además de su interacción con el bus nacional, también se trabaja en la integración con actores privados.

Soberanía. Desde junio último está vigente la declaración 641 de la Dirección Nacional de Ciberseguridad sobre requisitos mínimos de seguridad para organismos públicos, por lo que en el camino hacia adelante del sector, la agenda de protección frente a amenazas será de aplicación obligada. Las directrices comprenden archivos, bases de datos y servicios en aplicaciones, y hasta el momento sólo adhirió Catamarca.

Daniel Feipeler Gómez, director de Políticas y Seguridad de la Información en la Subsecretaría de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa nacional, planteó como uno de los focos del área a la construcción de una soberanía tecnológica. Para ello urge profundizar en concientización y capacitación, recordando que los ataques son un problema de la comunidad y no de los informáticos. Y también, animar al sector privado a que se involucre en ciberseguridad y ciberdefensa.

El funcionario recalcó el valor de una industria nacional en torno a ciberseguridad, en línea con esta búsqueda de soberanía. Al fin y al cabo, para proteger la infraestructura crítica y desarrollar algoritmos, no es recomendable importar tecnología sino contar con propia. “La soberanía tecnológica se debe construir desde las bases mínimas y Argentina tiene la capacidad científica para encararlo”, concluyó.

Recursos. Para todas estas tareas de transición al gobierno cognitivo, a la par de la conectividad, la principal urgencia es la escasez de recursos humanos calificados. Cómo retener a los especialistas y expertos dentro de la órbita del Estado es una de los problemas, ya que el sector privado los atrae con sueldos en dólares y experiencias en el exterior.

Alfredo Debattista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis, consideró a la cuestión de recursos humanos un tema crítico, que se advierte desde la instancia universitaria. Y Sandra D'Agostino, subsecretaria de Gobierno Digital de la provincia de Buenos Aires, lo enfatizó, no sólo como una señal de alerta en esa dependencia sino también en la Universidad Nacional de la Plata y la Sociedad Argentina de Informática (SADIO), donde también se desempeña.