A mediados de abril, aproximadamente, se subastarán las frecuencias remanentes de telefonía celular en 800 MHz y 1.900 MHz. Para llegar a ofertar en el remate sólo quedaron preclasificadas las multinacionales que ya están operando en el país y no exceden el tope de 50 MHz de ancho de banda dispuesto por las reglamentaciones: Personal, Claro y Nextel.

En el camino quedarían Superfone (del Grupo Vila Manzano) y Multitrunk (encabezada por el Grupo Roggio). De modo que habrá que esperar a nuevas licitaciones para que se incorporen otros jugadores al mercado o surjan nuevas reglas de juego que modifiquen el status quo de esta industria.

Multitrunk está prácticamente descalificada por carecer de los US$ 100 millones de patrimonio neto exigido por el artículo 16.1 del pliego de bases y condiciones. A Supercanal le objetaron cuestiones de índole técnico y al menos uno de los competidores le achacó “contabilidad creativa”  en la rendición del patrimonio neto.

Macro. La situación revela en el plano de las telecomunicaciones dos problemas simultáneos, similares a lo que ocurre en petróleo y ferrocarriles. No hay empresas argentinas interesadas o en condiciones de competir con las trasnacionales y esta deficiencia empeorará la “restricción externa” que pone en rojo la balanza comercial. Según fuentes periodísticas el 12% de las fugas de capital por regalías y dividendos son causadas por las empresas de comunicaciones. Sólo las superan las petroleras, con el 25%.

El modelo de sustitución de importaciones ha venido chocando con el mismo problema: al comenzar a desarrollarse la industria nacional, la necesidad de incrementar las compras de insumos al exterior agotan el saldo comercial.

Uno de los remedios posibles, contraer deuda, es algo que hay que descartar en el actual contexto político económico. Sólo queda, entonces, restringir al máximo las importaciones, algo que a comienzos de febrero se fortaleció mediante la obligación de presentar declaraciones juradas anticipadas de importaciones. Esto refuerza otras medidas como el sistema de Licencias no Automáticas de Importación, que ya se aplica desde el año pasado, o el incremento de aranceles externos al Mercosur a un 35%, que viene negociándose con los socios del mercado común regional.

La extranjerización de la producción de bienes y servicios ya sustituyó  a los intereses de la deuda externa como principal mecanismo de fuga de capitales. La operación de las trasnacionales de telefonía empeora la situación, a menos que encuentren la forma de ingresar divisas al país, un compromiso que parece que están lejos de asumir sino todo lo contrario. Por ejemplo, Telefónica cuenta con una política de compras centralizada para todas sus filiales del mundo. La empresa podría compensar la fuga con venta de servicios profesionales a sus filiales, pero no es algo que figure en los pliegos de las licitaciones. Tampoco las empresas parecen haberlo considerado. “Somos empresas de servicios y obligarnos a compensar con exportaciones sería alejarnos del corazón de nuestro negocio”, expresó un ejecutivo de una de las postulantes a la licitación.

El pliego de licitación de celulares no ha tomado en cuenta la cuestión, como tampoco la fijación de metas de calidad, ni la facilidad para el ingreso de empresas nacionales, ni la restricción al giro de dividendos, ni el impulso a la industria nacional de componentes, más allá  del 30% de la Ley 25.551 de Compre Trabajo Argentino.

En cambio sí es seguro que, por definición, las empresas extranjeras deben generar un retorno de la inversión acorde con los estándares financieros internacionales de operación en países en desarrollo. Es decir, tasas altísimas de ganancias a como dé lugar, porque de lo contrario los accionistas de los mercados le dan la espalda y las hunden con ayuda de las calificadoras de riesgo.

Argentina, en la última década, adoptó un modelo de desarrollo que, en cambio, privilegia la creación de empleo local y la sustitución de importaciones, un esquema al que no se adaptan con facilidad las trasnacionales de servicios urgidas por el corto plazo.

Licitaciones. A falta de precisiones ciertas y tomando en cuenta las relaciones de fuerza en el mercado, podría suponerse que en esta primera compulsa el Gobierno decidió no revolver más el avispero y propiciar, en cambio, una subasta que engorde el erario público.

Por lo que se sabe hasta el momento, las reglas para los concursos en 1,7-2,1GHz y en 700 MHz diferirán de las actuales. Para las primeras, Ceferino Namuncurá, interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, adelantó a Convergencialatina que se dividirá al país en seis áreas (en lugar de tres como ahora) y en cada una de ellas habrá una ciudad importante. Esto podría favorecer la aparición de operadores regionales. Además, la inversión de entrada, que para todo el país requiere unos US$1.500 millones quedaría reducida a US$ 250 millones. Mucho menor, pero todavía muy alta para el sector pyme o cooperativo que históricamente encontró grandes dificultades para asociarse -salvo excepciones, como COLSECOR o el acuerdo para telefonía móvil Nuestro.

En cuanto a las frecuencias del dividendo digital todo parece indicar que quedará en poder del Estado para tender una red nacional móvil LTE tomando como punto de partida las torres por las que emite la televisión digital terrestre y los enlaces de Argentina Conectada.