La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), la Procuraduría General de la Unión (AGU) y el Tribunal de Cuentas, deberán definir una respuesta común respecto a los cuestionamientos que recibieron de la Justicia sobre los términos de la autocomposición de Oi.

Tanto cuando la Justicia determinó la quiebra de Oi, como cuando resolvió revertir esa medida y dispuso su continuación bajo el régimen de recuperación judicial, esos organismos estatales recibieron críticas de la Justicia, por el acuerdo firmado oportunamente que permitió la migración de Oi del sistema de concesión de telefonía fija al régimen de autorizado.

Según las juezas Simone Chevrand y Mónica Costa, las condiciones finales de ese acuerdo aprobado por esas entidades, sobre todo el destino de los eventuales beneficios, no privilegian al operador.