El gobierno y los proveedores de servicios TIC construyen un contexto para el avance del Decreto 690. Hasta ahora las reuniones entre representantes de las dos partes aparentemente abren caminos y se verá cómo siguen las negociaciones el miércoles cuando se de la conversación entre los funcionarios y los grandes operadores.

El gobierno busca construir líneas de trabajo y políticas que contemplen los intereses del sector privado y de los consumidores. Cuando culminen las reuniones, la administración nacional se propone convocar a una gran mesa de trabajo en la que se vayan cerrando acuerdos y aportes que queden plasmados en la futura reglamentación del Decreto 690.

Se conocieron hasta ahora tres conceptos que guiarán la reglamentación:

- Regulación asimétrica que contemple las singularidades de las 1.200 pyme que dan servicios más allá de la avenida General Paz.

- Acordar precios de servicios con las empresas –que entrarían en vigor el 1° de enero de 2021- a partir del resultado de una ecuación que contemple costo, inversiones y ganancia; la fórmula se discutirá con empresas y consumidores.

- Definición de una tarifa social.

El gobierno desea mostrar que con el congelamiento y el futuro acuerdo de precios no alcanza y marca la necesidad de invertir para universalizar los servicios. En tal sentido se pueden señalar dos líneas de acción: 

- Disponer subsidios del Estado, hasta fin de año, por más de $ 5.000 millones provenientes del Fondo de Servicio Universal para conectividad en barrios populares y población vulnerable y ANR para proveedores radicados en zonas de baja conectividad y/o competencia en “localidades” de hasta 30.000 habitantes.

- Inversiones de Arsat para por unos $ 550 millones destinados a cerrar anillos de fibra óptica de la Refefo en etapa 3, para finalizarla en 2020. Y también cambio de plaquetas para dar mayor ancho de banda en tramos de la red.

Trabajo, educación, actividad económica y ocio dependen de la conectividad más ahora que antes de la pandemia, afirman desde la gestión pública del sector. La evidencia es el aumento de 30% promedio del tránsito de datos en las redes. Durante 2021 La demanda se sostendrá y aumentará como mínimo al ritmo que tenía antes de la pandemia.

Secuencias

Convergencia pudo establecer que el martes 18 se reunieron los funcionarios TIC con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para evaluar el resultado de conversaciones entre el Enacom y los grandes operadores (Telefónica, Telecom, Claro, Telecentro, DirecTv). Allí se resolvió que no podían convalidarse aumentos que superaban los niveles de inflación registrados hasta junio y deterioraban aún más el poder adquisitivo del salario que como consecuencia de la cuarentena aumentó la caída superior al 8% que se registró durante 2019.

Voceros de las empresas aseguraron que el promedio de los aumentos propuestos eran de 11%. Claudio Ambrosini, titular del Enacom, dijo que rondaban 20.

El miércoles 19 las autoridades del Enacom comunicaron a las telco la negativa para cualquier tipo de aumento de precios para los servicios.

Fue 48 horas después, en la tarde noche del viernes 21, cuando un tweet del presidente anunció la medida. De inmediato se difundió el DNU.

Reacciones

Durante sábado y domingo la noticia del congelamiento de los precios de los servicios TIC que pasan a ser servicios públicos esenciales en competencia, tuvo en los diarios más espacio que la información sobre el Covid-19. En un análisis publicado por este medio el lunes pasado se dijo que parecía que había vuelto “el periodismo de guerra” y también se destacó que el decreto había caído mal entre los proveedores de servicios de conectividad de todo tamaño.

Al mediodía de ese lunes 24 las federaciones de cooperativas ya habían sido convocadas por el gobierno a la reunión que se concretó el miércoles, 48 horas después.

El lunes la Cámara Argentina de Internet pidió en un comunicado que se tuviese en cuenta las particularidades de las pymes y su necesidad de contar con normas asimétricas que le permitan competir y sostener las inversiones.

El martes los grandes operadores publicaron una solicitada rechazando el DNU. Planteando los perjuicios de la inseguridad jurídica en una industria que no cesa de invertir.

En la mañana del viernes último fue el encuentro del gobierno con Cabase. Lo expuesto antes las autoridades por las pymes, privadas y cooperativas, tuvieron puntos coincidentes. Plantearon que carecen de espaldas para soportar el congelamiento de precios y al mismo tiempo responder a la demanda del público ya que los precios de los servicios de tránsito y transporte mayorista de datos son en dólares, al igual que la cotización del equipamiento necesario para robustecer la infraestructura.

En el gobierno evaluaron que las pyme entendían el contexto en que se tomaron las medidas. Y las pyme quedaron con la sensación de que los funcionarios habían sido receptivos.

Tan escuchados fueron los dos sectores que en la tarde del viernes el vicepresidente del Enacom, Gustavo López en su alocución en el webinar de la Escuela de Gobernanza de Internet anticipó que se pensaba en regulación asimétrica para reglamentar el decreto. Y anticipó que se alentará el crecimiento de las pyme.

Voluntad de diálogo

En conversaciones informales con voceros de las grandes empresas, Convergencia pudo establecer que existía voluntad de dialogar con el Gobierno. La solicitada publicada el martes 25 lo dice claramente en su último párrafo donde pide la “reconsideración (del DNU 690) para reestablecer el diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos”.

El jueves pasado a la mañana, durante un foro sobre Economía Digital organizado por La Nación, la secretaria de Innovación, Micaela Sánchez Malcolm, y Hernán Tiscornia, director de Movistar en la unidad de B2B, tuvieron un encuentro casual y durante una charla amable expresaron mutuamente la necesidad de dialogar. Hubo otros contactos entre representantes gubernamentales y de las las telco.

Pasado mañana miércoles se reunirán las grandes operadores con los funcionarios. Para entonces el elenco del gobierno habrá sumado las impresiones de la cámara de los operadores de TV por cable,  ATVC, y de las pyme de los cableros agrupados en Cacpy, Red Intercable y a los ISP más pequeños congregados en Cappi; con todos ellos se verá hoy lunes. Las asociaciones de consumidores  también están citadas para las próximas horas.

En las negociaciones que se avecinan no será fácil conciliar los intereses de todos. El reglamento debería estar lo antes posible para que las empresas sepan en que marco normativo se desenvolverán, sobre todo como se regularán los precios.  No habría que descartar que, si bien los precios quedaron congelados, en el tiempo que va de aquí a fin de año el gobierno ceda y antes del 31 de diciembre autorice algún ajuste pequeño en el valor de los servicios.