Además de su participación del 5% en el Producto Bruto Interno, telecomunicaciones es uno de los sectores con mayor productividad laboral: el valor agregado por trabajador es 11 veces mayor al promedio nacional, según el Instituto Peruano de Economía. Por otra parte, los ingresos laborales en el sector son 78% más altos que los de otros rubros de servicios.

En términos de inversión, el crecimiento ha sido sostenido. En 2022 se invirtieron más de US$ 967 millones en infraestructura, un 9,7% más que en el año anterior. Esta cifra consolidó la recuperación tras el freno de la pandemia. Los ingresos operativos también repuntaron con fuerza: 17,4% en 2021 frente a 2020, superando incluso los niveles prepandemia.

En cuanto al acceso a servicios de Internet, en 2023 más del 90% de los hogares peruanos contaba con algún tipo de conexión -móvil o fija-, frente a menos del 70% en 2017. No obstante, la mayoría de estos accesos provienen de servicios móviles: solo el 39,4% de hogares tiene internet fijo. En zonas rurales, esa cifra apenas supera el 10%. Pese a los avances, más de tres millones de peruanos siguen fuera del ecosistema digital.

De estos, cerca del 8% no cuenta con acceso a ningún tipo de red móvil y un 12% solo accede a servicios básicos como 2G, especialmente en las zonas rurales. También las brechas de calidad son significativas: la velocidad promedio de conexión en zonas rurales es de 21 Mbps, tres veces menor que en áreas urbanas, donde alcanza 64 Mbps.

Parte del salto estructural del sector entre 2020 y 2025 provino del empuje a la conectividad rural. Los 21 Proyectos Regionales de Banda Ancha ejecutados por Pronatel y concesionados a operadores permitieron llevar conectividad a más de 6.500 localidades alejadas. Estas redes no solo sirven a instituciones públicas -como colegios, postas o municipios- sino que habilitan a operadores privados a ofrecer servicios residenciales o móviles.

El sector se ha dinamizado con la llegada de 5G comercial, autorizado desde 2021, y la entrada de nuevos actores como Starlink, que en 2022 obtuvo permiso para operar Internet satelital de alta velocidad en todo el país. Sin embargo, la expansión de estas tecnologías sigue limitada por factores estructurales: retrasos en las licitaciones de espectro, procesos municipales engorrosos para la instalación de antenas, falta de incentivos fiscales y bajo interés en zonas no rentables.

Regulación. Desde el lado regulatorio, el MTC anunció la próxima licitación de las bandas 3,5 y 26 GHz, fundamentales para la expansión 5G. También se ha actualizado el reglamento de gestión ambiental para simplificar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. A nivel tributario, se ha prorrogado la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para la importación de equipos de telecomunicaciones donados, pero aún no existen beneficios concretos para operadores que invierten en zonas rurales de bajo retorno.

El futuro inmediato del sector pasa por dos ejes: una mayor articulación público-privada y el enfoque integral del servicio. La agenda del gobierno para 2025 incluye conectar más de 4.600 escuelas y 476 centros de salud adicionales mediante proyectos financiados con apoyo del BID y el Banco Mundial. También se planea instalar más de 3.700 plazas WiFi en zonas rurales.