PERÚ. Bitel, Entel, Claro y Movistar lograron bloques para 5G en la banda de 3,5 GHz

Mientras tanto, el bloque 3700-3800 MHz quedó desierto. Americatel, quien había sido precalificada para el proceso, no se presentó a la subasta.

En la subasta realizada el viernes 12 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Bitel, Entel, Claro y Movistar lograron cada uno un bloque de espectro de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz para el despliegue de la tecnología 5G en Perú. El bloque 3700-3800 MHz quedó desierto, luego de que Americatel, precalificada para el proceso, no se presentara a la subasta.

El viceministro de Comunicaciones, Carlos De los Santos, proyectó que este bloque pendiente se adjudicará en los próximos tres meses. Tras el proceso de reordenamiento de la banda 5G, se prevé que el 17 de diciembre se firmen los contratos correspondientes a la asignación de estas frecuencias.

A diferencia de procesos anteriores, la asignación no implicó pagos directos, sino compromisos de inversión obligatorios orientados a cerrar la brecha digital en zonas rurales y a mejorar la cobertura en carreteras nacionales.

Bitel obtuvo el mejor puntaje por sus propuestas de cobertura adicional y eligió primero, quedándose con el bloque de 3400-3500 MHz.

El segundo turno fue para Claro, líder del mercado, que se quedó con el bloque 3500-3600 MHz. Entel se adjudicó el bloque 3300-3400 MHz e Integratel tomó el bloque 3600-3700 MHz.

Como resultado del proceso, las empresas de telecomunicaciones se comprometieron a llevar por primera vez servicios móviles 4G a 295 localidades rurales, adicionales a las 1.221 anunciadas, beneficiando a cerca de 140.000 nuevos usuarios. Además, se garantizará la cobertura en 2.230 kilómetros de carreteras nacionales.

La inversión mínima prevista es de US$ 506 millones y los compromisos que la generan deberán cumplirse en un plazo máximo de cuatro años, con al menos el 25% de avance en el primer año.

Los operadores ejecutarán, además, compromisos adicionales de inversión para desplegar cobertura 5G en puntos estratégicos de gran impacto social, como colegios, universidades públicas, hospitales, sedes de los Juegos Panamericanos y el Estadio Nacional. La implementación deberá completarse en un plazo de dos años, priorizando las sedes deportivas en el primer año.

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