La primera reunión -por videoconferencia- de la Comisión de Telecomunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, realizada ayer, fue un buen resumen de la posición del gobierno sobre la temática, que va desde la tecnología a los medios. Los tres funcionarios del área, dejaron constancia de que la gestión de Alberto Fernández cree en la iniciativa y los recursos que posee el Estado, y la colaboración con el sector científico y las empresas privadas.

La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritello, y el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, repasaron las medidas tomadas para enfrentar la pandemia: la declaración del servicio de Internet como esencial y de los medios como actividad esencial; la prohibición de corte de los servicios de TV, telefonía e Internet a los usuarios de menores recursos; el desarrollo de la aplicación Covid-19 y el trabajo en georreferencia; la disminución de calidad de las plataformas de streaming para hacer frente al crecimiento del tráfico de datos; el rating cero de las telefónicas para los portales educativos, entre las principales. 

Innovación desarrolló el certificado único que permite la circulación de personas exceptuadas durante la cuarentena: hasta ayer se descargaron 3,5 millones de permisos

En varios de los temas hubo quejas puntuales sobre la gestión anterior, en cuanto a rendición de cuentas y estándares de calidad. Los diputados de la oposición intentaron plantar bandera alrededor de la “amplia libertad de prensa” durante el macrismo, argumento rechazado por los oficialistas con el ejemplo de la causa armada contra Daniel Vila. 

Los funcionarios confirmaron que se volverá a poner en valor la Televisión Digital Terrestre (TDA), un proyecto que demandó una inversión de unos US$ 1.000 millones previo a 2015, y que la gestión actual encontró en estado “preocupante”. Malcolm citó datos de un informe de Arsat que circuló entre los funcionarios y al que tuvo acceso Convergencia. El headend (cabecera) está en el final de su vida útil y solo permite poner en el aire en HD las dos señales actuales, TV Pública y DeporTV. Reemplazarlo cuesta US$ 1 millón. Se debe actualizar el Sistema de Encriptación. De las 95 Estaciones Digitales Terrestres, el 80% presenta problemas en las unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS, por sus siglas en inglés). Se necesita una inversión de U$S 4,5 millones estabilizar todo el sistema de transmisión en unos meses.

Gestión electrónica

Un punto de conflicto desató el decreto 338/20, que estipuló un “procedimiento de contingencia” frente a eventuales fallas del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Ante los diputados opositores que cuestionaron el supuesto “regreso al papel” como un retroceso en la transparencia de los actos de gobierno, Malcolm explicó que se trata de una excepción durante la pandemia: “una falla del sistema no puede impedir al Presidente firmar una resolución de urgencia”, argumentó. Y se explayó sobre los problemas que detectó la Auditoría General de la Nación. Ese informe fue analizado por Convergencia en ediciones anteriores. La secretaria destacó la “paradoja” de que el sistema no haya sido declarado “infraestructura  crítica”, recordó que “97% de los usuarios sufrieron interrupciones del servicio” y mencionó problemas de backups, de la base de datos y del código. Además, afirmó que la gestión anterior dejó una deuda “millonaria” con el proveedor, la empresa Everis. La Fundación Sadosky realizará una nueva auditoría del sistema y se elaborará un plan para mejorar la infraestructura y la funcionalidad del servicio, que usan casi 200 organismos oficiales.

Medios

No fue la única deuda mencionada en la reunión de la comisión, que preside el diputado Pablo Carro. 

Meritello reveló que las dos secretarías que se ocupaban de la pauta oficial durante el macrismo, ahora fusionadas en la que dirige, dejaron publicidad sin pagar del 2019 equivalente a un tercio del presupuesto para 2020. “Ahora tenemos a las empresas llorando y golpeando puertas para cobrar”, graficó. 

La secretaría realizó 22 campañas de comunicación sobre la pandemia y el gasto en publicidad oficial entre marzo y abril será de $600 millones, informó.

Además, Meritello refirió que hubo una caída en la publicidad privada de entre “el 80% y el 100%” que afecta a medios de todos los tamaños. Dijo que resulta “poco entendible” que se intenten despidos en este contexto, hablando de los casos de editorial Atlántida y revista Pronto. Y dijo que el estado “extremó” el auxilio a los medios mediante el Ministerio de Desarrollo Productivo y la AFIP.

Por otro lado, contó que relevaron más de 1.200 comunitarios en todo el país, que próximamente recibirán subsidios.

Operadores

Ambrosini destacó el trabajo del Enacom para asegurar la conectividad de toda la población durante la cuarentena. Enumeró el convenio firmado entre Arsat, los operadores y Silica Networks en miras a una eventual compartición de redes, y el consumo de datos sin costo en los sitios de varias universidades nacionales y las plataformas educativas como Seguimos Educando, que tuvo 5 millones de visitas. 

El diputado Hernán Pérez Araujo sugirió extender esa gratuidad a plataformas para escuelas secundarias y primarias, y a herramientas para clases a distancia como Google Classroom. Ambrosini admitió que la negociación con los operadores es dinámica, constante y “cuerpo a cuerpo”. Por otro lado, dijo que una unidad de coordinación sobre conectividad evalúa incluir a nuevos beneficiarios a los que no se podrían cortar los servicios. Entre ellos, algunas pymes y usuarios de clase media, afectados por la “ruptura de la cadena de pagos”. 

Georreferencia

Finalmente, Malcolm explicó cómo funciona el sistema de localización que desarrolló la secretaría con la Universidad de San Martín y datos de Movistar. El gobierno cuenta con distintos tableros estadísticos que muestran la movilidad de la población. Además, afirmó, los gobiernos provinciales tienen acceso a esos tableros. “Los comités operativos de emergencia pueden identificar a ciudadanos que sean compatibles con síntomas de coronavirus para asistirlos”, dijo. Sin embargo, ante una consulta puntual, aseguró que todos los datos usados para georreferencia de los usuarios son “absolutamente anonimizados y guardados en servidores encriptados”.