La capacidad instalada de los centros de datos en América Latina creció a una tasa promedio anual del 12% entre 2020 y 2024, según informó Steve Sasse, director regional para las Américas de datacenterHawk, durante el Carrier Maps Day 2025 organizado por Convergencialatina. De acuerdo con sus proyecciones, la tendencia se mantendría durante los próximos tres años, con un crecimiento que calificó como "enorme".

Este desarrollo se produjo hasta ahora con una participación estatal tímida en materia de incentivos. Sin embargo, ese escenario comienza a modificarse a medida que aumenta la competencia entre países por atraer inversiones en centros de datos y crecen, al mismo tiempo, las demandas de la sociedad para que este tipo de infraestructura encuadre bajo normas que, entre otros aspectos, protejan el medio ambiente.

Brasil, Chile, Argentina, México y Colombia son algunos de los países que transitan este camino, desde un segmento de la conectividad desarrollado por el mercado, a otro donde los centros de datos son consideradas infraestructuras críticas que requieren políticas públicas de incentivo para atraer inversiones. Aunque, mientras Brasil y Chile se basan en planes o normas con aspiración de alcance nacional, el resto lo aborda mediante acciones aisladas o discursos de posicionamiento.

Brasil: incentivos fiscales y exigencias ambientales

Brasil reunió ambos enfoques en una norma que combina estímulos fiscales con obligaciones ambientales y operativas para los centros de datos. Se trata de la Medida Provisoria 1.318, conocida como Redata, presentada a mediados de septiembre de 2025. Está previsto que la norma entre en efecto a partir del 1 de enero de 2026, aunque deberá ser ratificada por el Congreso federal antes de fin de ese mes para convertirse en ley definitiva; de lo contrario, perderá vigencia.
En materia de incentivos, Redata exime del pago de impuestos federales sobre las ventas nacionales -PIS/Pasep, Cofins e IPI- y sobre la importación de componentes electrónicos destinados a la implementación, expansión y mantenimiento de centros de datos. Cuando la reglamentación esté finalizada incluirá el listado detallado de los productos alcanzados por el beneficio.

La franquicia fiscal puede ser utilizada tanto por los centros de datos calificados como por las empresas proveedoras de los productos y por terceros que importen los equipos.

A cambio de estos incentivos, los centros de datos deberán utilizar energía generada en su totalidad a partir de fuentes limpias o renovables y cumplir con un índice de efectividad en el uso del agua (WUE) igual o inferior a 0,05 litros por kilovatio hora. Los centros ya en operación podrán acceder a los beneficios si cumplen estos requisitos.

Además, deberán invertir el 2% del valor de los productos adquiridos bajo esta medida provisoria en proyectos de I+D vinculados a la cadena de valor de la economía digital brasileña.

Los beneficiarios también deberán poner a disposición de la demanda nacional al menos el 10% de su capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos. Para los proyectos localizados en las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, se prevé una reducción del 20% en estos dos requisitos.

El costo fiscal estimado del programa es de unos US$ 1.400 millones durante los primeros tres años, en concepto de ingresos que el Estado dejaría de percibir por la aplicación de estos beneficios. Redata estará vigente, en esta etapa, hasta 2031 y se prevé una segunda edición.

Chile: planificación y debate ambiental

En Chile, cuando en diciembre de 2024 se puso en marcha el Plan Nacional de Data Centers (PData) 2024-2030, ya había 22 centros de datos en funcionamiento, concentrados principalmente en el eje Santiago-Valparaíso. Entre los factores que impulsaron ese crecimiento se destacaron el acceso a fuentes de energía renovables -que representaban el 66% de la potencia instalada-, la extensión de la red de fibra óptica, que alcanzaba los 62.000 kilómetros, y condiciones generales favorables a la inversión, como el libre flujo de capitales, la seguridad jurídica y los tratados de libre comercio.

El PData tuvo entre sus objetivos establecer las condiciones necesarias que permitan el crecimiento del sector respetando la sostenibilidad ambiental.

El plan no contempla beneficios fiscales directos para la construcción de centros de datos, pero sí medidas para facilitar su instalación. En septiembre de 2025, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación presentó una guía con recomendaciones sobre suministro de energía y agua, uso del suelo, tramitación de permisos ambientales, de edificación y arqueológicos, procesos que pueden extenderse hasta 18 meses.

México: foco subnacional

México cuenta con el Decreto Nearshoring, promulgado en octubre de 2023 durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ofrece deducciones inmediatas en el impuesto a la renta y beneficios adicionales para inversiones en capacitación, a los que pueden acceder los constructores de centros de datos en lo relativo a servidores y equipamiento.

A nivel subnacional, estados como Querétaro y Nuevo León facilitan la obtención de permisos y la provisión de infraestructura básica en los predios destinados a estos proyectos.

Argentina: la Patagonia en la mira

A fines de 2024 el presidente Javier Milei anunció el Plan Nuclear Argentino, con el objetivo de convertir al país en el "cuarto centro mundial de inteligencia artificial", con centros de datos en la Patagonia, y su frio como baluarte. Desde entonces no hubo más novedades al respecto, ni un plan acorde.

Colombia

Colombia ofrece beneficios en el marco de sus zonas francas. La Ley 1004 de 2005 estableció Zonas Francas en las que se pueden instalar data centers con beneficios como: una tasa del Impuesto de Renta con una reducción del 20%; exención de IVA y aranceles para la importación de maquinaria, equipos y repuestos necesarios para la construcción y operación.

En la Zona Franca de Bogotá se encuentran los data centers de Kio, Takoda y Equinix, entre otros. En tanto, Odata construye uno en la Zona Franca Metropolitana en Tenjo, al noreste de Bogotá

Uruguay: Brasil como espejo

Se trabaja actualmente en Uruguay en una norma que combinaría incentivos con regulaciones ambientales y sociales. Los ministerios de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de Ambiente, junto con la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) evalúan una norma similar a la brasileña.