Las empresas de telecomunicaciones volvieron a estar en el radar del financiamiento del deporte en Argentina. La Cámara de Diputados debatirá, tras un despacho de mayoría con 66 firmas a favor en las Comisiones de Deportes; Comunicaciones e Informática; y Presupuesto y Hacienda, un proyecto de ley que busca que el 1% de la facturación neta de IVA de las empresas que brindan servicios TIC sea destinado al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).

La iniciativa le devuelve autarquía financiera al Enard, con la modificación del artículo 39 de la Ley 26.573 del 2009, que fue sustituido a través de la Ley 27.430 promulgada en diciembre de 2017. Se trata de una síntesis multipartidaria de cuatro propuestas legislativas que se presentaron durante 2024 (ver recuadro). "Había una mirada común, que era lograr un financiamiento para el Enard", señaló Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), autora de uno de los textos, en el marco de la reunión conjunta de las Comisiones de Deporte y Comunicaciones e Informática del 24 de septiembre.

El diputado del Pro Héctor Baldassi, que formó parte de la escritura de uno de los proyectos, celebró el consenso logrado y afirmó que para ello se tuvieron en cuenta "todos los enfoques por un objetivo común", siendo este el de tener autarquía para el Enard y que sea perdurable en el tiempo.

Rechazo de la industria
Desde el sector TIC se expresó preocupación por el proyecto en discusión en el Congreso. Para Asiet, introduce una carga fiscal distorsiva, regresiva y ajena a la naturaleza de la industria. "Establecer un nuevo gravamen no vinculado con la actividad del sector y ajeno a la finalidad tecnológica de la industria no solo sería confiscatorio, sino que contradice las políticas públicas de inclusión digital y transformación productiva que el propio Estado promueve", sostuvo la entidad mediante un comunicado.

El presidente de la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC), Federico Fornelli, lo dejó planteado en el escenario de Jornadas Internacionales ATVC 2025. Allí se refirió a "la sobrecarga impositiva que castiga la inversión".

Jorge Chica (Unión por la Patria), legislador por San Juan y autor de una de las iniciativas parlamentarias, apuntó que la iniciativa carece de "nombre y apellido", ni de bandera política; incluso recibió el mejoramiento de los distintos bloques.

Ayer y hoy. Inicialmente, el financiamiento del ente deportivo provenía del cargo del 1% sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturaban a sus clientes, neto de IVA. En su presencia en la reunión informativa llevada adelante por las Comisiones de Deportes; Comunicaciones e Informática; y Presupuesto y Hacienda, Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino, recordó que en aquel momento, el Enard obtuvo presupuesto de US$ 40 millones con ese aporte, habiendo sido de US$ 10 millones antes de la sanción de la ley.

Tras la modificación de 2017, el financiamiento quedó en manos del Ejecutivo Nacional, que debe incluir esta erogación dentro de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional. La iniciativa conjunta que será tratada ahora en el Congreso amplía el cargo a las empresas licenciatarias de servicios TIC que informen en la declaración jurada presentada ante el Enacom una cantidad igual o superior a los 10.00 usuarios.

El diputado de Unión por la Patria Rogelio Iparraguirre (Provincia de Buenos Aires) hizo énfasis en el principio de la legislación que establece que la legislación debe evolucionar a la par del sujeto que legisla. Desde esa perspectiva es que no se queda solo en las empresas de telefonía móvil sino que toma al sector en su totalidad. "Es difícil encontrar un parecido en el negocio de las telecomunicaciones entre 2009 y hoy. No hay sector que haya tenido una transformación tan vertiginosa en estos 16 años", argumentó respecto a la suma del conjunto de licenciatarios TIC.

De esta manera, el proyecto unificado establece que las actividades y acciones del Enard serán financiadas a través del cargo del 1% aplicado sobre la facturación total neta de IVA de las empresas licenciatarias de servicios TIC en funcionamiento y quienes obtengan las concesiones o licencias en el futuro. Tendrán 30 días para girar el importe al organismo. Además, el organismo puede recibir aportes, donaciones, subsidios y contribuciones personas físicas o jurídicas, estatales o privadas. Será el Directorio Ejecutivo el encargado de administrar y controlar la recaudación de los recursos.

Disidencias. En representación del PTS-Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo acompañó al proyecto con dos disidencias. Una de ellas tiene que ver con la fuente de financiamiento, que propone que quede a cargo de las empresas TIC y no en los usuarios.

Mientras tanto, Ana Carrizo (Unión Cívica Radical), Marcela Antola, Mariela Coletta (Democracia para Siempre), Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica), entre sus disidencias propusieron que el cargo del 1% no debe ser aplicado a los clientes sino directamente a las empresas. "Este criterio garantiza que el aporte del sector privado provenga de los propios actores económicos beneficiados por el uso de espectro y licencias estatales, preservando el acceso equitativo de la ciudadanía a los servicios de conectividad", fundamentan. Agregan que el sostenimiento debe ser público-privado, con una erogación del Ejecutivo.

Por otro lado, los diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo Oscar Zago y Eduardo Falcone, junto con Carlos D'Alessandro y Marcela Pagano del bloque Coherencia también acompañaron en disidencia y propusieron una alternativa al financiamiento. Plantean que surja de un cargo del 0,5% aplicado sobre la facturación total neta de IVA de las empresas licenciatarias de servicios TIC con más 50.000 usuarios activos, que no podrá ser trasladado directa o indirectamente a los clientes. Argumentaron que el mecanismo de recaudación "vulnera principios constitucionales y regulaciones esenciales", al tratarse de una imposición desproporcional en términos fiscales frente a la capacidad contributiva de distintos actores del sector, que traslada la carga a los usuarios finales y genera un riesgo de concentración económica pudiendo desalentar la participación de prestadores regionales o de cooperativas.

Oposición. El rechazo al proyecto vino por el lado de los diputados del bloque oficialista Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán Juárez Brahim, Silvana Giudici, Julio Moreno Ovalle, Pablo Ansaloni, Alberto Arancibia Rodríguez, Facundo Correa Llano, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Santiago Santurio y Carlos R. Zapata. Mientras tanto, Germana Figueroa Casas, Martín Ardohain, Daiana Fernández Molero, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza del Pro también se opusieron a la iniciativa conjunta en el plenario de comisiones.

El dictamen de minoría sostiene que el mecanismo de financiamiento es "inadecuado, regresivo y contrario a los principios de transparencia y responsabilidad fiscal que deben guiar el uso de los recursos públicos". Considera que el cargo constituye un "tributo parafiscal" y "un impuesto encubierto", que será trasladado al usuario final. "Esta medida aumenta la presión impositiva sobre un sector estratégico que ya soporta una carga superior al 40% del precio final, entre IVA, ingresos brutos, tasas municipales y cargos regulatorios".