La decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de aprobar un proyecto para conectividad a escuelas mediante un convenio con Starlink generó incertidumbre en torno a: los montos del acuerdo, el procedimiento descripto para la asignación de fondos y la delegación de su implementación en manos de establecimientos educativos.

A mediados de julio, mediante la Resolución 663/2026, Enacom aprobó un presupuesto total de US$ 21,87 millones para el proyecto "Conectividad satelital en establecimientos educativos de gestión pública de la República Argentina", enmarcado dentro del programa Conectividad de Interés Público (CIP).

El esquema de financiamiento (ver tabla) combina recursos privados y públicos. Por un lado, Starlink aportará US$ 9,97 millones mediante una donación con cargo al propio Fondo del Servicio Universal (FSU). La donación financiará los 6.000 kits de conectividad, sus accesorios y la prestación del servicio durante los primeros 24 meses. Por otro, el Enacom destinará US$ 11,89 millones del FSU para costear la instalación de los equipos, gestión del servicio, atención técnica, y una plataforma API para monitoreo y continuidad del servicio durante los doce meses siguientes.

Aunque el proyecto es un esquema mixto, el FSU terminará financiando 54,4% del plan y Starlink el 45,6% restante mediante una donación condicionada al propio Fondo. La falta de detalle sobre los costos de instalación, gestión del servicio y auditoría despertó voces que consideran que no otorga claridad para determinar la conveniencia o no del camino elegido por el regulador.

Donaciones y desembolsos. Según establece el anexo de la resolución, la ejecución efectiva del programa queda condicionada a que Starlink deposite previamente los fondos comprometidos en el Fondo del Servicio Universal. Recién una vez acreditados esos recursos el Enacom podrá avanzar con la firma del convenio de colaboración y con el inicio de las instalaciones.

El operador satelital será responsable de instalar las antenas receptoras y el equipamiento necesario en cada establecimiento, mientras que el costo de esas tareas será solventado con recursos del propio FSU. El organismo también prevé la utilización de herramientas API provistas por Starlink para el monitoreo del servicio y la realización de auditorías técnicas y administrativas durante toda la vigencia del proyecto.

El esquema aprobado introduce una modalidad poco habitual para el FSU, aunque las donaciones y legados están contempladas según el artículo 22 de la ley 27.078 Argentina Digital. Si bien parte del financiamiento proviene de una donación realizada por el propio proveedor del servicio, esos recursos ingresarán previamente al FSU y desde allí serán ejecutados por el Enacom junto con fondos propios del mecanismo. A su vez, el proyecto contempla que el costo de instalación eventualmente pueda compensarse con los aportes que Starlink debe realizar mensualmente al Fondo en su carácter de licenciatario, conforme al Reglamento General del Servicio Universal.

La iniciativa tendrá una duración de 36 meses. Durante los primeros 24, Starlink asumirá el costo del equipamiento y de la conectividad satelital; el tercer año será financiado íntegramente con recursos del Fondo del Servicio Universal. Finalizado ese período, las provincias o municipios que adhieran al programa asumirán el compromiso de continuar pagando el servicio para los establecimientos beneficiarios y de destinar el equipamiento exclusivamente a fines educativos.

Los aspectos regulatorios y procedimentales despertaron críticas en el sector TIC. Una de ellas es que no existió un proceso licitatorio, aun cuando la tecnología LEO provista por Starlink se considere a ¨imbatible¨. Otras apuntan a cuestiones de "forma" y un planteo engorroso en términos de origen y asignación de fondos para los próximos tres años de duración del proyecto.

Implementación. El convenio entre el regulador y Starlink tiene como objetivo dotar de conectividad satelital a establecimientos educativos estatales -provinciales y municipales- y a instituciones privadas con cuota cero que carezcan de acceso a Internet o presenten conectividad deficiente.

Aunque el proyecto específico no detalla capacidad asignada a la prestación para 6.000 escuelas, en el anuncio del presidente Javier Milei se mencionó un "acceso prioritario por hasta 5 terabytes mensuales". Esta característica es la que atañe al programa de Starlink destinado a escuelas, denominado "Impact", y que se suele aplicar también en aquellos casos en que gobiernos locales activan antenas para escuelas.

La identificación de escuelas beneficiarias quedará a cargo de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, mientras que la implementación se desarrollará por etapas definidas por el Enacom. Este aspecto en sí requiere, a ojos de las fuentes consultadas, mejores márgenes de certeza y plazos, por la necesidad de autorizaciones a nivel provincial y municipal; gestiones con las propias autoridades escolares; y contrataciones para la instalación (más allá de la característica "auto instalable" de los kits), y con un Enacom que viene de concretar una reducción de su planta de personal.

En Argentina operan más de 20 resellers autorizados de Starlink en el segmento B2B, y la duda expresada desde uno de ellos -que prefirió mantener el off the record- es si Enacom recurrirá a alguno (o más de uno) del listado para la ejecución del convenio. Sobre todo, considerando el volumen de kits comprometidos y la complejidad de la gestión con múltiples jurisdicciones y autoridades gubernamentales y escolares.