La expansión de las constelaciones LEO alteró el mercado y obliga a reconsiderar los fundamentos detrás del FSU y una política pública que acompañe esa transformación mediante la revisión del tamaño, función y mecanismos de financiamiento del FSU, sostiene el documento presentado por la Mesa TIC el 3 de septiembre.

El planteo no apunta a eliminar el Servicio Universal, sino a revisar un esquema concebido originalmente para resolver los altos costos de desplegar infraestructura terrestre en zonas rurales, alejadas o de baja densidad poblacional.

La propuesta de la entidad señala que el FSU fue diseñado bajo un paradigma en el que la universalización dependía necesariamente de subsidios para compensar las barreras geográficas, la baja escala de demanda y la falta de rentabilidad de determinados despliegues. La tecnología LEO y los 750.000 accesos de Starlink registrados en Argentina modifica ese supuesto: la Mesa TIC plantea que los prestadores de Internet satelital tienen capacidad técnica para atender entre 2,5 y 3 millones de clientes en el país, tomando como referencia un comportamiento de uso equivalente al de un cliente FTTH. En ese contexto, la conectividad de zonas rurales extensas deja de depender exclusivamente de la construcción de redes terrestres.

El planteo encuentra un punto de contacto el planteo de Juan Mocoroa -MAG Asociados-, que fue uno de los oradores del evento. Para el letrado, la existencia del Servicio Universal y del FSU sigue teniendo sentido, pero corresponde discutir si el aporte obligatorio del 1% es el quantum adecuado y si corresponde explorar mecanismos de reducción o revisión.

En su documento, la Mesa TIC lleva esa discusión al terreno normativo. Recuerda que el artículo 23 de la Ley 27.078 contempla la posibilidad de que la autoridad de aplicación disponga una exención total o parcial, permanente o temporal, de los aportes una vez alcanzados los objetivos del Servicio Universal. Desde esta perspectiva, el cambio tecnológico producido por los satélites LEO es un elemento que habilita a revisar el esquema sin que ello implique un impacto fiscal, dado el carácter específico de los recursos del Fondo.

Otra arista es la ejecución del fondo. De acuerdo con el documento, el patrimonio del FSU superaba los $301.000 millones al cierre de 2025 y, sumando los aportes del primer trimestre de 2026 y los ingresos derivados del régimen de pagos establecido por Enacom, ascendería a más de $370.000 millones. De los $ 157.500 millones destinados a programas vigentes, solamente $ 66.500 millones se encontraban adjudicados y no existía información pública sobre el monto efectivamente ejecutado. Bajo ese criterio, la entidad calcula un superávit del 82% considerando los fondos adjudicados.

El reclamo sectorial es una mayor trazabilidad y transparencia, y se propone modificar la metodología de diseño de los programas mediante una mayor articulación público-privada, mecanismos de selección y monitoreo orientados al impacto real, incentivos a la inversión privada y nuevos formatos de adjudicación, entre ellos el esquema "pay or play".

Mocoroa coincide en la necesidad de una política regulatoria más deliberativa: considera que el regulador debería escuchar sistemáticamente a los actores de la industria antes de definir los programas.

Por último, la Mesa TIC solicita equidad regulatoria. Argumenta que los operadores terrestres enfrentan costos asociados a tasas municipales, ocupación del espacio público, permisos de despliegue y una elevada carga de infraestructura urbana, mientras que los operadores LEO presentan una estructura de costos territoriales diferente. Propone revisar esa asimetría junto con la base de aportantes al FSU y la eventual exención o suspensión temporal de determinadas obligaciones.