Con el fin de "dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada" -según las palabras del propio Jorge Macri-, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamó a licitación para el otorgamiento de la Concesión del Gerenciamiento de la operación de los medios públicos a su cargo. Con un plazo de cinco años, el canon mensual base asciende a $10.753.750 para el caso de la señal televisiva y a $1.229.000 para las dos radios: AM 1110 La Once Diez y FM 92.7 2X4.

Más allá de la judicialización del caso, el ENACOM envió una nota dirigida a Jorge Macri en la que afirma que la licitación colisiona con el marco normativo vigente y que de continuar el proceso iniciará un proceso sancionatorio. Firmado por Martín Ozores con fecha del 10 de abril, el documento hace referencia al artículo 44 de la Ley Nº 25.522 - Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El mismo dispone el principio de indelegabilidad de la explotación de los servicios de comunicación audiovisual.

Especialistas consultados coinciden en que el regulador podría haber comenzado con el proceso sancionatorio sin antes enviar la comunicación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para unos se trata de una advertencia con tono amenazante, para otros de un aviso amigable. En cualquiera de los casos, coinciden en que el regulador tiene la potestad para iniciar el sumario, correr el traslado y solicitar el descargo.

En tanto, el jefe de Gabinete del regulador, Diego Brunelli, expresó a Convergencia que la nota fue enviada porque "así lo indica la ley".

El foco del Enacom fue puesto sobre la titularidad de los medios públicos de CABA y la posible vulneración del artículo 44 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este punto abre un debate sobre si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá de manera efectiva la titularidad del servicio ante la concesión del gerenciamiento de los mismos.

El mencionado artículo considera que se trata de una delegación de explotación -y configura falta grave-: ceder espacios para terceros de la programación en forma total o parcial o celebrar contratos de exclusividad con productoras de contenidos. Sí se admite la posibilidad de convenios de coproducción, con la limitación de la no delegación de la prestación.

Tanto en la disposición que aprueba la licitación, como los pliegos, señalan que se trata de una concesión del gerenciamiento, en el que el Gobierno mantiene su titularidad y coproduce con aquella empresa que resulte ganadora. ¿Alcanza con esto para que no delegue de manera efectiva la titularidad cumpliendo con las normativas establecidas por la ley? Aquí las interpretaciones se dividen.

Teniendo en cuenta que los pliegos técnicos establecen para ambos renglones que "la programación de la Señal se desarrollará bajo la modalidad de coproducción entre el GCABA y el concesionario", un lado de la biblioteca sostiene que no hay delegación de explotación. Y que el Gobierno de la Ciudad se reserva el espacio marcado por la ley para ejercerla. "El GCBA podrá requerir al concesionario la disponibilidad de hasta un 30% de programación semanal para la emisión de contenidos institucionales y de interés público durante la vigencia de la concesión".

El artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que en el caso de los servicios de radiodifusión sonora para las emisoras estatales deberán emitir un mínimo del 60% de producción local y propia.

Por otro lado están quienes sostienen que la licitación tal cual está redactada infringe la normativa vigente, al incluir servicios que sí se pueden concesionar con otros que no. Entre los primeros se encuentran el equipamiento, mantenimiento y estudios. Lo que no se puede otorgar a un tercero es la administración y gestión de un medio.

Más allá de la notificación del Enacom, el Gobierno de la Ciudad ha mantenido la licitación. En el caso de las radios, no se han presentado ofertas y, de este modo, quedó desierta. Para la señal televisiva, dos candidatos cumplieron con los requisitos técnicos: Cale Group Media, socio mayoritario de los canales streamings Carajo y Blender, propuso pagar $50 millones por mes; mientras que Argentinos Media ofertó $15 millones. Esta última firma pertenece a la familia Brito y Marcelo González, y poseen AM 950, que antes tenía CNN Argentina.