Tras más de veinte años de negociaciones, la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea establece un nuevo marco para el intercambio comercial entre ambos bloques y refuerza el proceso de integración regional. El texto prevé la creación de una zona de libre comercio de mercancías y la reducción o eliminación de los derechos de aduana.

En materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el acuerdo define líneas de cooperación orientadas a fomentar la innovación y reconoce el papel de la tecnología y la comunicación como herramientas para el desarrollo económico. Entre sus objetivos generales, también apunta a ampliar, diversificar y profundizar los vínculos económicos y comerciales, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, y a promover la creación de empleo mediante el fortalecimiento de la industria.

El estado del acuerdo en Argentina y la Unión Europea. En Argentina, el proyecto de ley que aprueba el acuerdo fue incluido en el temario a tratar por el Congreso durante las sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. Así lo establece el Decreto 24/2026, publicado el 19 de enero en el Boletín Oficial. En el ámbito europeo, días después de la firma, el Parlamento Europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que emita un dictamen jurídico sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios. No existe un plazo establecido para ese pronunciamiento. Hasta tanto se produzca, el Parlamento continuará con el análisis del texto con vistas a una eventual aprobación.

Telecomunicaciones. El acuerdo dedica una subsección específica al sector de las telecomunicaciones, en la que se fijan los principios generales del marco regulatorio aplicable a estos servicios. Propone un esquema de cooperación política y técnica, preservando la soberanía regulatoria de cada país en cuestiones como el otorgamiento de licencias y el servicio universal.

Entre las disposiciones, se establece que los proveedores principales deberán garantizar a los demás operadores el acceso a sus instalaciones esenciales en condiciones razonables y no discriminatorias. Esto incluye aspectos como tarifas, normas técnicas, especificaciones, calidad y mantenimiento. Los países firmantes deberán garantizar el derecho a negociar la interconexión de redes públicas y servicios públicos de transporte, así como a recurrir a un organismo nacional independiente para la resolución de controversias.

El texto también dispone que, en la medida de lo posible, las licencias se otorguen mediante procedimientos simplificados, haciendo públicos sus criterios y plazos. Los solicitantes podrán recurrir a instancias nacionales de revisión si consideran que una licencia fue denegada indebidamente.

En cuanto a los servicios de itinerancia móvil internacional, el acuerdo promueve la cooperación para favorecer tarifas transparentes y razonables, y garantizando una calidad similar a la ofrecida en el país de establecimiento.

El acuerdo exige, además, que las autoridades regulatorias sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de los proveedores de servicios, con competencias y procedimientos claramente definidos e imparciales. Los países firmantes se comprometen también a adoptar medidas para prevenir prácticas anticompetitivas en el sector, como el abuso de posición dominante o aquellas que restrinjan, limiten u obstaculicen la competencia.

El acuerdo establece como uno de sus objetivos promover una gestión eficiente del espectro radioeléctrico, con el propósito de maximizar su disponibilidad y optimizar su asignación y uso.

Economía digital. En el ámbito de la economía digital, el acuerdo impulsa el desarrollo de políticas y acciones para la difusión, utilización y transferencia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

El texto reconoce el principio de neutralidad tecnológica y establece normas para el comercio electrónico y la cooperación regulatoria en esta materia. En ese sentido, las partes acuerdan evitar la exigencia de autorizaciones previas para la prestación de servicios por medios electrónicos únicamente por el hecho de utilizar este canal. Asimismo, se pone el foco en la protección de los consumidores frente a las comunicaciones comerciales no solicitadas y las prácticas fraudulentas.

El acuerdo fomenta, además, la cooperación en administración electrónica. Cada país deberá garantizar que su marco jurídico permita la celebración de contratos por medios electrónicos y que no se niegue valor jurídico ni admisibilidad como prueba a la firma y autenticación electrónica por razón exclusiva de su formato.

En el plano internacional, el pacto impulsa la coordinación política para asegurar que "la gobernanza mundial de Internet siga apoyando la continuación y el desarrollo de regímenes de internet altamente sólidos, dinámicos y geográficamente diversos". La gestión global de la red debe basarse en un modelo multilateral, transparente y democrático, con la participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el ámbito académico y científico y las organizaciones internacionales.

Dentro de este marco, se refuerza la cooperación en materia de ciberseguridad, con el objetivo de prevenir y combatir la ciberdelincuencia mediante el intercambio de información, la cooperación práctica y el desarrollo de leyes y políticas eficaces, partiendo del reconocimiento de que el cibercrimen se ha convertido en un problema de alcance global. En paralelo, prevé la colaboración en la prevención y lucha contra el terrorismo y otros delitos transnacionales.

Asimismo, se pondera un esquema de cooperación en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, que incluye el compromiso de facilitar la movilidad de investigadores, científicos, expertos y empresarios, así como el acceso a programas específicos. En este ámbito, el texto contempla además la cooperación en actividades espaciales civiles vinculadas a las comunicaciones y a la observación de la Tierra.

El programa destaca la importancia de promover y proteger los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales como un elemento esencial para el desarrollo de los intercambios comerciales en el entorno digital.

En materia energética, los bloques se comprometen a facilitar el intercambio de ideas y experiencias orientadas a mejorar el acceso a una energía segura, sostenible y asequible, mediante el fomento de nuevas inversiones y la transferencia de tecnología entre operadores económicos públicos y privados, con especial énfasis en la electricidad y las energías renovables.

El texto aborda, además, los servicios postales, estableciendo que los países podrán exigir licencias para su suministro bajo procedimientos transparentes y no discriminatorios, y que aquellos servicios sujetos a obligaciones de servicio universal o a monopolios deberán operar sin incurrir en prácticas anticompetitivas.

Por último, el acuerdo fomenta los intercambios y la cooperación entre instituciones y operadores del sector audiovisual y de los medios de comunicación, en el marco de las políticas culturales y de comunicación digital de ambos bloques.

Propiedad intelectual. El acuerdo dedica un capítulo completo a la propiedad intelectual, en el que se detallan principios, derechos y obligaciones, así como los procedimientos de observancia, presentación de pruebas, medidas cautelares y provisionales, compensaciones por daños y controles aduaneros en frontera.

El objetivo es facilitar el acceso, la producción y la comercialización de productos innovadores y creativos; proteger los derechos de propiedad intelectual mediante incentivos a la innovación; y promover la investigación, el desarrollo y el acceso al conocimiento. Además, se establece el compromiso de garantizar la remuneración a intérpretes y productores de fonogramas cuando sus obras sean utilizadas con fines comerciales, emitidas por vía inalámbrica o comunicadas al público.

En conjunto, las disposiciones vinculadas configuran un marco de cooperación y referencia regulatoria entre el Mercosur y la Unión Europea, orientado a ordenar reglas de juego, promover la interoperabilidad, fortalecer la gobernanza digital y acompañar el desarrollo de infraestructuras y servicios tecnológicos en ambos bloques.