La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, destacó el decreto 690/2020 que declaró a los servicios de telefonía fija, móvil, de internet y TV paga como públicos esenciales, ordenó el congelamiento de las tarifas hasta fin de año y restableció la función del Estado como autoridad para la determinación de los precios a partir del año que viene. 

En diálogo con Convergencia, Sánchez Malcolm explicó que los cambios que introdujo la pandemia de Covid-19 en los hábitos de la ciudadanía “empujaron” al gobierno nacional a, en primer término, “priorizar que la gente se quede dentro de los servicios” y a “garantizar el acceso”.

En segundo lugar, con la ordenanza de asegurar una tarifa básica, universal y obligatoria, dijo que el Ejecutivo se propuso establecer un criterio para “igualar a las compañías en relación con los usuarios por medio de un un plan atractivo y accesible, que es otra medida vinculada al acceso”.

Finalmente destacó la definición de las TIC como servicio público en competencia. “Esto significa que la intención del gobierno no es fijar las tarifas”, remarcó Sánchez Malcolm. “El estado no va a decir lo que cuesta el servicio. Simplemente el ente regulador (el Enacom) va a volver a ser un ente regulador y su rol va a ser determinar que el tope del precio tiene que estar alineado a la inflación y a otros factores. Eso va a ser un trabajo articulado. Después cada compañía definirá dentro de ese marco”, aclaró.

La referente subrayó que el decreto publicado el viernes repone el Art.15 de la Ley Argentina Digital (27.078/14) que derogó el presidente Mauricio Macri con el DNU 267. “El Estado recupera la potestad para regular el precio. El Enacom va a trabajar la reglamentación. Ahora hay mucho para trabajar, definir y planificar con los privados”, adelantó.

Tras la publicación del decreto presidencial las empresas se manifestaron sorprendidas y dijeron que no habían sido notificadas. Sin embargo, antes de que se anunciara la normativa las firmas habían adelantado a los medios sus planes de aumentar sus servicios hasta el 15%. 

“El presidente apunta a garantizar el acceso”, insistió Sánchez Malcolm, quien agregó: “La medida es constitucional, se está reponiendo una medida preexistente”, concluyó.