La resolución de la Autoridad Nacional de Competencia (ANC) sobre la adquisición de Telefónica Argentina por parte de Telecom concluyó que la operación distorsiona la competencia en cuatro mercados, por lo que condicionó su aprobación al cumplimiento de un esquema de desinversiones y remedios. El pronunciamiento, dado a conocer el 17 de junio, marca un hito en la historia iniciada el 24 de febrero de 2025, cuando se anunció la compra, y abre una nueva etapa, centrada en la respuesta que eventualmente emita Telecom, la ejecución de los remedios impuestos y la búsqueda de nuevos operadores que absorban parte de los activos involucrados.

Convergencia desglosa los cuatro mercados sobre los cuales la ANC concentra su análisis: telefonía móvil, acceso a internet residencial, servicios al sector corporativo y acceso mayorista. Para cada uno existe un camino en el razonamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la ANC, a partir de lo recogido en el dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas (SCE), el informe técnico-regulatorio del Enacom y las consideraciones de Telecom a lo largo del proceso, y en particular después de que la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitiera su informe de objeción a la compra, en junio de 2025.

La decisión también se fundamenta en dos elementos aportados por el operador a lo largo del último año: el informe de eficiencias y la propuesta de compromisos elevada por la empresa en agosto de 2025 -que contemplaba desinversiones parciales e inversiones en fibra óptica y 5G-.

A partir de ese diagnóstico el TDC dispuso cinco componentes de remediación: medidas estructurales y conductuales para telefonía móvil; estructurales y conductuales para internet residencial; obligaciones de conducta para servicios corporativos; obligaciones de conducta para el negocio mayorista y la infraestructura de acceso móvil; y un régimen específico para la implementación, el monitoreo y la prohibición de recompra de los activos objeto de desinversión.

Para cada uno de estos ítems estableció un cronograma de plazos y pasos a seguir, que plantea un escenario de al menos 18 meses hasta ponerse en práctica el conjunto de remediaciones. En otras palabras, una historia que recién comienza.