A escasos días de la derogación del DNU 690 (por medio del Decreto 302/2024), Convergencia recogió las perspectivas del sector para lo que se viene. La normativa de agosto de 2020 se toma como un obstáculo para la industria, que al haber quedado atrás abre una oportunidad de reformulación regulatoria para los próximos años.

Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro para Argentina, Uruguay y Paraguay, llamó a pensar hacia dónde va la agenda de conectividad para los próximos diez años. Entre las revisiones necesarias para delinear esa "Agenda 2035", mencionó la tributación fiscal de las comunicaciones (considerando que la carga impositiva representa alrededor del 40% de estos servicios); y los impuestos aplicados a importaciones de equipos, que deberían tener otro tratamiento, a juicio de Quiroga López.

El ejecutivo, a su vez, consideró necesario repensar políticas en torno a espectro; facilitación del despliegue de redes y la injerencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales en ello; y ciberseguridad.

Desde Telefónica, Alejandro Lastra, director de Regulación y Asuntos Públicos, consideró al Decreto 302/2024 como un "primer gran paso" para el desarrollo y crecimiento del sector TIC, al que debe seguir una revisión regulatoria. "Confiamos en que la autoridad avance en un plan de reformas regulatorias que actualice las reglas a la realidad de la dinámica de la tecnología y de la conectividad, que aliente al crecimiento de la industria favoreciendo mayores oportunidades de inversión, competencia sana, desarrollo al ecosistema y sostenibilidad de las empresas", sostuvo.

Entre los representantes de Pymes del sector, Lucio Gamaleri, presidente de Red Intercable, celebró la medida, en diálogo con Convergencia: “La derogación del DNU 690 beneficia a la industria, que necesita reglamentaciones claras. Como Pymes necesitamos competir bajo un marco jurídico transparente y previsible que nos permita proyectar y planificar a 10 años la reconversión de nuestras empresas hacia la conectividad y la articulación, a través de alianzas con empresas para incluir, entre otras cosas, la movilidad entre nuestros servicios".

El titular de Cappi (agrupa a los pequeños ISP), Rodolfo Bianchi, consideró que el foco a partir de ahora debe centrarse en el despliegue de Internet en todo el país, y la compartición de infraestructura, considerando desde postes y redes neutras hasta el despliegue de 5G de manera conjunta entre telcos e ISPs. Calificó al Decreto 302/2024 como un paso “correcto y esperado por todos. A pesar de la derogación, no se verán grandes aumentos, demostrando que el DNU 690 era totalmente innecesario”.

Incomodidad. Entre los apoyos a la derogación, Ariel Graizer, presidente de Cabase, reconoció que la decisión saca a la industria de “una situación de incomodidad” y “define claramente que solo el servicio telefónico básico es servicio público”.

Franco Cecchini, presidente de Catip, definió al DNU 690 como “un error conceptual grave y una norma dictada por autoridades sin conocimiento del segmento y sin ninguna interacción con quienes hacemos las comunicaciones”. En consecuencia, como resumió Marcelo Tulissi, presidente de Cacpy, se generaron complicaciones en gran cantidad de empresas y “una enorme inseguridad jurídica”.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de Catel, recordó que el congelamiento de tarifas “hizo mucho daño, especialmente a las cooperativas, que en definitiva sin medidas cautelares fuimos los que terminamos cumpliendo con ese esquema que pulverizó los balances de muchas organizaciones”.

Salto al vacío. A contramano de los festejos de la industria, el diputado Pablo Carro alertó que la derogación del DNU 690 representa un “salto al vacío” en la regulación de las telecomunicaciones en Argentina. “La ausencia de una regulación inteligente que contemple las distintas modalidades de prestación del servicio (empresas corporativas, Pymes, cooperativas y emprendimientos comunitarios) deja a los usuarios a merced de la arbitrariedad de las grandes empresas”, advirtió.

Tras ser designado esta semana como presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja, el legislador agregó que “no basta con que haya accesibilidad al servicio, sino que es necesario garantizar que sea asequible para los bolsillos de cada familia. Se desregula argumentando la libertad y se deja al zorro en el gallinero. Es necesario que el Estado regule esa relación dentro de un mercado con precios distorsionados por la voracidad y la arbitrariedad de quienes los imponen”.