Como parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en la madrugada del sábado, tampoco podrá haber aumentos de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado. “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido”, declaró el presidente Alberto Fernández en Twitter.

A su vez, calificó a la educación, el acceso al conocimiento, la cultura y la comunicación como derechos básicos que debemos preservar. “Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”, adelantó.

Hoy se esperan comunicaciones oficiales de las empresas del sector sobre el Decreto 690. Se inician días de negociación y diálogo entre el Gobierno y el sector privado. Durante el fin de semana se sucedieron las reuniones para fijar posiciones: fueron los tres grandes operadores -Telefónica, Telecom y Claro-, junto con Telecentro y Directv, los que más estudiaron y discutieron posiciones a adoptar y respuestas a dar.

Las pyme también estuvieron activas. Según fuentes del sector algunas cámaras y federaciones de cooperativas fueron invitados a participar de reuniones virtuales con las grandes mencionadas. El objetivo fue buscar puntos de interés comunes. Pero en realidad no existe una confluencia sólida de puntos de vista y objetivos comunes. Se está hablando de 5 grandes empresas, algunas globales, y 1.500 pymes, dentro de las cuales hay más de 500 perfiles e intereses distintos, si se lo quisiera cuantificar.

Lo real es que el Decreto 690 no tuvo buena recepción entre esos grupos y tampoco entre las pyme de televisión por cable.

El antecedente de las tensiones se dio durante la semana pasada cuando las grandes empresas, tras algunas reuniones con sectores del gobierno, anunciaron que aumentarían el precio de los servicios en valores que promediaban el 20%; alguna de ellas preveía 42% para telefonía fija.

Objetivos. El Gobierno reaccionó con el decreto, que tiene tres objetivos en sus enunciados:

a) Congelar los precios de los servicios TIC hasta el 31/12/20 como parte de la emergencia que genera la pandemia. Esto es en realidad la extensión de una medida adoptada en marzo pasado sobre congelamiento de tarifas y prohibición de cortar el servicio de telefonía, móviles, internet o TV paga.

b) Declarar servicio esencial y público a las TIC, una definición que estaba en el artículo 15 de la ley Argentina Digital y había sido derogado por el ex presidente Mauricio Macri pocos días después de asumir, en diciembre de 2015. Ahora el artículo se reincorpora al texto original de esa ley que votara el Congreso en 2014. En sus fundamentos el decreto refiere a la importancia de garantizar derechos como la educación, que en la pandemia está siendo dada por Internet fija o móvil.

c) En virtud de ser un servicio público, el Estado intervendrá sobre los precios de los servicios, autorizando o acordando porcentajes con los privados. Esa función estará a cargo del Enacom, que reglamentará los futuros incrementos y dispondrá planes inclusivos para los sectores de menores recursos.

Se interpreta que de no haber existido cierto empecinamiento en un abultado aumento, el decreto no hubiese existido. Las pymes dicen tras bambalinas: “Nos hubiesen autorizado un aumento a nosotros del 3% ahora, para llegar a un 8 o 10% en diciembre, y las empresas grandes no podrían haber aumentado más de esa cifra".

Un tema que señalan desde algunos sectores es que el congelamiento detendrá las inversiones. Pero esa medida es solo hasta diciembre. Entonces las empresas señalan que hay que ver qué pasa con la paridad cambiaria hasta diciembre ya que el precio mayorista del transporte de datos es en dólares e incide en el costo y por lo tanto en las tarifas al consumidor final. La mayor incidencia del dólar es en las inversiones, ya que casi todo el equipamiento de infraestructura es importado. Las pyme ya argumentan que si se regula el precio al consumidor, también debería regularse el precio mayorista del mega.

Como hacía tiempo no ocurría, el fin de semana fue muy movido para el sector. Trascendió que las grandes empresas estuvieron evaluando publicar una declaración crítica del decreto. Algunas de ellas no descartan judicializar la decisión del Poder Ejecutivo.

Desde la oposición se ha dicho que esta medida tiene como objetivo dañar al Grupo Clarín, tema que fue rechazado desde el gobierno. Pero durante el fin de semana el tenor y la intensidad que le pusieron al tema los medios escritos recordó la época del “periodismo de guerra”. 

La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, destacó el decreto 690/2020 que declaró a los servicios de telefonía fija, móvil, de internet y TV paga como públicos esenciales, ordenó el congelamiento de las tarifas hasta fin de año y restableció la función del Estado como autoridad para la determinación de los precios a partir del año que viene.