En la última mesa de Nplay 2012, organizado por el grupo Convergencia, surgió un rico contrapunto entre el público y los disertantes. Un cablero dijo que la cooperativa con la que quería competir lo condicionaba en el contrato, para permitirle desplegar su red sobre los postes, a que no diera telefonía. Surgió entonces de otro participante la visión de que las entidades sin fines de lucro no son empresas comunes, sino asociados que se unen para prestar un servicio.

La polémica vino a raíz de la exposición de Martín Ataefe, prosecretario letrado de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que explicó las razones de los atrasos en la resolución de los pedidos de licencias de las cooperativas demorados en esa dependencia. Argumentó que cada caso requiere un relevamiento minucioso de la actividad para verificar que no hagan abuso de las “facilidades esenciales”. También indicó que cada cautelar presentada en los Tribunales vuelve a fojas cero los trámites, cuestiones que no convencieron a buena parte de los asistentes. Ataefe deslizó que la CNDC está guiada por el principio de tender a que no se dupliquen las inversiones en redes del sector privado, sobre todo cuando sus trazados y tendidos se superponen.

La controversia se enriqueció con la enumeración de los desafíos regulatorios que planteó  Esteban Lescano, gerente de Legales de Datco. El abogado disertó sobre la necesidad de agilizar los procedimientos en las dependencias reguladoras, marcó las desactualizaciones de las normas técnicas, las diferencias en los criterios para encuadrar los servicios IP y convergentes, las dudas sobre un futuro Estado que será regulador y prestador al mismo tiempo y la ausencia de normas competitivas para aprovechar mejor la infraestructura existente.