El 7 de julio se terminará el año de prórroga concedido para el proceso de intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), y se inicia una nueva etapa, hasta el 4 de enero de 2026, según lo estipula el Decreto 448/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial. Tras un primer semestre de 2024 con una triada de interventores, el último año el organismo se mantuvo bajo un único liderazgo -Juan Martin Ozores- y una estructura interna en vías de transformación -y reducción-, aunque la reorganización no termina de oficializarse vía Boletín Oficial (ver Convergencia Telemática nº353, de mayo de 2024).

En las próximas páginas se desglosan, a modo de compendio, las normativas y decisiones emitidas por el regulador. Los focos del primer año y medio en la era Milei fueron: la apertura del segmento satelital; la simplificación de procesos burocráticos y reducción del organismo; y la atención de cuestiones pendientes -y reclamadas por el sector TIC nacional-, como Fondo Fiduciario del Servicio Universal, ANRs, DNU 690, entre otras.

Algunas decisiones regulatorias mostraron idas, venidas e incluso efectos de "marcha atrás". En parte en torno a las cuestiones no resueltas que heredó el Enacom al inicio de la intervención. El FFSU, tras meses de discusiones sobre posibles revisiones, vivió días de zozobra en enero de 2025, luego de que un decreto el Día de Reyes asegurara su disolución, para luego ser excluido de los fondos eliminados semanas más tarde. Entre las políticas que resignifican al FFSU está el Plan Nacional de Infraestructura Crítica de Comunicaciones, anunciado por Ozores en el escenario de NPlay Cono Sur 2025, en marzo de 2025, pero del que hasta el cierre de esta edición solo se conocen lineamientos generales. El sector TIC aguarda su puesta en práctica, en particular porque contempla financiamiento y apoyo a proveedores de servicios.

La definición sobre el futuro de los ANR y programas financiados por el FFSU comenzó en marzo de 2024, cuando se dejaron sin efecto 29 resoluciones, en particular ligadas a decisiones de la última reunión de directorio del Enacom del gobierno anterior (la número 93 del 30 de noviembre de 2023, que aprobó más de 350 expedientes). A esto siguió una auditoría sobre el estado de ejecución (ver Convergencia Telemática nº350) y finalmente en junio de 2025 se publicaron las primeras adecuaciones presupuestarias a proyectos que pasaron el visto bueno a la auditoría. Según pudo saber Convergencia estarían próximos a publicarse otros casos similares, en tanto que, para aquellos que presentan irregularidades, se aplicaría el concepto de "motosierra".

En torno a la "apertura de cielos" -bandera izada desde el DNU 70 de inicios del gobierno libertario-, el Reglamento Satelital finalmente vio la luz en abril de 2025, aunque dejó sabor a poco (Ver edición nº 353 de Convergencia Telemática), y el avance sobre la banda S tomado en mayo de 2024 fue reducido un año más tarde, hecho que todavía desconcierta a conocedores del segmento (ver página 4 sobre Servicios Móviles por Satélite).

Por fuera de estos ejes, quizás la "marcha atrás" que más atención despertó y que el sector aún no comprende es la reducción de CAP de espectro para el Servicio de Comunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI). En abril de 2025 se estableció como límite máximo de acumulación en 150 MHz por Licenciatario para cada Área de Explotación, frente a los 200 Mhz definidos por la Resolución del Enacom N° 1.285 (agosto de 2023).

Motosierra y simplificación. A tono con la contracción del Estado encarada por todo el Gobierno en su conjunto, el Enacom tuvo sus propios recortes y mecanismos en pos de eficientizar gastos. La aprobación de la nueva estructura interna, así como la supresión de los cargos extra escalafonarios, es uno de los aspectos aún pendientes, y el Decreto de hoy lo incluye entre sus prioridades.

Debido a este organigrama "en suspenso" -con áreas con escasos especialistas y aguardando definiciones para trabajar, según pudo saber Convergencia-, en las últimas semanas de junio se advirtieron avances relacionados con simplificaciones de procedimientos cotidianos de los prestadores TIC; y expedientes demorados de hace, incluso, años. En primer lugar, la Resolución 926/2025, que modificó el régimen de presentación de las declaraciones juradas relativas a la Tasa de Control, Fiscalización y Verificación (TCFV) y al Aporte al FFSU; y el Decreto 433/2025 del Poder Ejecutivo, que agiliza los plazos de obtención de licencias (ver página 3).