La funcionaria buscó poner paños fríos a la tensión que se asomó el viernes 18 de diciembre cuando se anunciaron las novedades reglamentarias y que se disparó el lunes pasado con la publicación de las normativas en el Boletín Oficial. Sánchez Malcolm recordó a Convergencia que la crisis económica y el agravamiento por la pandemia recayó sobre toda la sociedad y no solo sobre las compañías.

La declaración tuvo lugar en medio de la protesta de las prestadoras de servicios quienes consideraban muy bajo el aumento autorizado y que objetaron además el lanzamiento de la Prestación Básica Universal (PBU), que las obliga a ofrecer un servicio mínimo para unos 10 millones de habitantes en condiciones sociales vulnerables.

En un comunicado que se difundió el miércoles pasado, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) condenó los DNU 1466, sobre el aumento; y el 1467, relativo a la PBU, como “una sentencia de muerte” para las pequeñas empresas y cooperativas y acusó a las autoridades de desconocer la estructura de costos y el ambiente en el que operan a lo largo y ancho del territorio. La entidad solicitó al Enacom “la inmediata suspensión de la aplicación de las medidas” con el argumento de que agravarán la concentración del mercado.

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) coincidió en definir la novedad como una decisión “unilateral” que descuida las necesidades técnicas de la industria y que es insuficiente para cubrir los costos afectados por la inflación y la devaluación. Asiet advirtió también que la decisión oficial impactará en las inversiones y en el despliegue de redes abonando la incertidumbre sobre el futuro del sector.

Superficie y trasfondo

El lunes 21 de diciembre los directivos de Enacom recibieron a ejecutivos de esas empresas y cámaras pyme. La crónica oficial informó que los reunidos analizaron el impacto del Covid en pymes y cooperativas y las políticas del Ejecutivo para acompañar a esas empresas durante la emergencia. Asistieron referentes de Fecosur, Fecotel, Catel, Colsecor y Fedecoba. El presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, les explicó a los asistentes que la voluntad del gobierno es procurar un equilibrio entre las necesidades de usuarios y las empresas, y aseguró que “no vamos a perjudicar a ningún licenciatario”.

El martes fue la reunión de Cabase y Red Intercable con autoridades del organismo de control. Informalmente se supo que la tensión se trasladó a la mesa de diálogo y que no faltaron episodios de “alto nivel de agresividad” entre las partes.

Las empresas plantearon en ese tono una crítica a la PBU. Cuestionaron la obligación de dar los servicios a precios que definieron como “una tomada de pelo” a una proporción afectada por la crisis sin recibir subsidios por parte del Estado como lo hace con los proveedores de energía, por ejemplo, por ser un servicio público, categoría que le dio el DNU 690 a los servicios TIC.

Como reflejo del malestar, algunos empresarios anunciaron que dejarían de dar los servicios de conectividad antes de “fundirse”. Otros extreman las amenazas con “apagones digitales”. En sus razonamientos los prestadores consideran que  los consumidores van a empezar a reclamar el PBU en forma masiva y señalan que no cuentan con personal o elementos para supervisar y responder a esas solicitudes. 

En este contexto apareció una sigla de la autodenominada Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI). Un dirigente pyme definió  a este sello: “es una lista de correo”. Un par de videos de inusitado tono violento que hicieron circular por las redes mereció el repudio de los líderes de las cámaras empresarias pyme.

Entre las razones del gobierno, la primera fue el impacto social, económico, cultural, educativo y comercial que tuvo la pandemia. Un argumento incuestionable de la parte estatal fue la inversión de US$ 458 millones a través del Plan Conectar en la Red Federal de Fibra Optica (Refefo) con proyección a 2023, el tendido troncal al que luego se suman las empresas en las distintas regiones del país. También destacó la prestación de servicios satelitales por medio de Arsat y la puesta en marcha de la nube del Estado.

El Enacom también remarcó la importancia de las asignaciones que autoriza mensualmente para proyectos de conectividad de banda ancha en todo el país a través de Aportes No Reembolsables (ANR).

Las grandes

El aumento permitido está lejos del porcentaje que esperaban las empresas de todos los tamaños con la problemática de los costos como argumento consensuado. Las operadoras más importantes del mercado venían anticipando a sus clientes que las facturas de enero llegarían con subas del 15% en promedio. Incluso el CEO de Telecom, Roberto Nobile, reveló su optimismo por el curso de las negociaciones con el gobierno hace 40 días durante las jornadas de ATVC.

El 18 de diciembre tras la difusión de las medidas por parte del gobierno la reacción de las empresas fue inmediata. La primera de las grandes en manifestarse fue Telefónica, que informó a Convergencia la “insuficiencia” del aumento en función de los costos y la incógnita respecto a “al racional técnico que toman las autoridades para fijar” el incremento señalado. (Convergencia emitió una edición extra al atardecer de ese día con todas las reacciones).

Otra que confió su postura a este medio fue Claro, que consideró que las medidas, por su carácter estructural, debieron haber sido el resultado de consensos, tras un análisis técnico profundo. Pero se adoptaron de forma “unilateral”. Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de la empresa para Argentina, Uruguay y Paraguay, exhortó a las autoridades a facilitar a la industria “un mapa de qué se quiere hacer, cuál es el plan, y si se quiere ir hacia un modelo constructivo con todos los actores”.

Por su parte, Telecom, acusó a la administración nacional de “estrangular a uno de sus sectores más competitivos de la actividad económica".