El gobierno argentino dialoga con las Telco para “desjudicializar” el sector como condición previa para la 5G

Lo confió ayer a Convergencia el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, en la presentación del operador móvil virtual Imowi. Neme informó que a pedido del presidente, Alberto Fernández, se abrió un espacio de negociación con las operadoras y que ya hubo varios intercambios. En particular destacó una entrevista inicial con Telecom, Telefónica y Claro y adelantó que la próxima semana se reunirán con pymes, cooperativas e ISP.

Jorge Neme confirmó a Convergencia que está avanzado el Reglamento de Espectro y el Plan de Frecuencias 5G y sumó que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, se reunió con autoridades de Brasil para conversar sobre el proceso de licitación local, además de analizar la experiencia de otros países. En noviembre de 2021, el regulador brasileño Anatel condujo un proceso que dio entrada al mercado 5G a ISPs regionales, además de otorgar frecuencias para los principales operadores móviles. 

Tras enumerar esas gestiones, Neme disparó que “el camino de la desjudicialización tiene que ver con eso, que todos se sientan partícipes e integrados, cada uno en su medida y con sus intereses. Eso es lo que va a posibilitar una licitación clara de 5G. Esperamos que ese acuerdo se produzca antes”.  

En la primera reunión, las grandes empresas plantearon su oposición al DNU 690. Neme dijo a Convergencia que la administración nacional expresó su voluntad de mantener la definición de los servicios TIC como públicos esenciales, pero que también manifestó apertura para dialogar sobre otros aspectos de la normativa.   

Las empresas se comprometieron a realizar una propuesta que luego el gobierno estudiará. Sin embargo, Neme remarcó que “el DNU 690 no se puede levantar. Para nosotros el servicio es esencial. Ahora bien, se puede regular. El límite es lo que tenemos que discutir. Pero el concepto de servicio público no se toca”.

Y concluyó: “Todo el sector TIC tiene que estar desjudicializado. Tenemos que buscar los acuerdos necesarios para garantizar y regular un servicio público básico para los argentinos y dejar el espacio para que las compañías tengan la previsibilidad y avanzar con las inversiones para poder actualizar el conjunto de tecnologías de la información que la Argentina tiene disponible”.

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