Como destacó la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, durante los conversatorios virtuales sobre el tema en los últimos meses, la impronta federal de la iniciativa será clave para incorporar las necesidades de cada provincia, y a su vez, sumar la agenda propia de la pandemia.

Como acción concreta del Plan Estratégico de Gobierno Abierto 2020-2023 se encuentra el Programa Federal de Gobierno Abierto, que se trabaja junto a la Dirección Nacional de Capacitación Municipal del Ministerio del Interior: ese es el punto de partida para considerar las realidades sumamente heterogéneas de más de 2.400 municipios del país. El primer objetivo del programa, según delineó Gazzo Huck, es impulsar la colaboración de diferentes niveles de gobierno para lograr una extensa aplicación de gobierno abierto en escalafones provinciales y municipales, en colaboración con actores no gubernamentales.

Luego, desarrollar un enfoque articulado y coordinado para fortalecer las políticas de transparencia y acceso a la información. En este punto, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de las autoridades son ejes centrales. En tercer lugar, se apunta a fomentar la co-creación de políticas en provincias y municipios según las necesidades específicas de cada territorio.

“El Plan Estratégico no es un fin, sino un medio para la inclusión. Una herramienta que haga más efectivo el desarrollo de políticas públicas. La meta es pasar de gobierno abierto a estado abierto”, expresó Gazzo Huck.

Durante 2020, el Programa Federal hizo más de veinte entrevistas en profundidad para obtener la visión y las prácticas en gobiernos provinciales y municipales. Ahora finalizan la segunda fase del proceso de diseño, que consiste en la difusión de una encuesta con más de 500 respuestas a nivel nacional, para validar los resultados obtenidos en la fase anterior. Los resultados se conocerán en los próximos meses, en un informe público.

De la transparencia a la medición. En paralelo al Programa Federal, la comisión de Gobierno Abierto dentro del Consejo Federal de Innovación Pública trabajó durante 2019 exclusivamente en políticas de transparencia: como resultado se elaboró un conjunto de indicadores sobre apertura de datos. Este año se volcaron a la incorporación de medición de políticas públicas de innovación.

Lucrecia Escandón, que preside la comisión desde 2015, puntualizó que seis provincias alcanzan niveles de medición superiores al 60%, otras 12 están en un estado intermedio en desarrollo de políticas de gobierno abierto (entre 40 y 60%), y el resto ya inició pero lleva menos tiempo de desarrollo. El objetivo actual de la comisión es equilibrar los desarrollos y acompañar a las provincias en las iniciativas que vienen planificando, además de fijar metas en el mediano y largo plazo.

Apertura de datos. En lo que respecta a disponibilidad de datos para transparencia y rendición de cuentas, se actualizaron este año más de 400 activos de datos. Entre ellos se destacan los de casos y testeos de COVID-19; beneficiarios de los programas Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) e Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y estadísticas criminales nacionales y provinciales.

A su vez, se sumaron 50 nuevos activos de datos generados por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como ejemplos están los activos de Titulares de Tarjeta Alimentar, Centros de Desarrollo Infantil y Microcréditos otorgados.

Neuquén cuenta con el único Ministerio de Ciudadanía del país. Una de las provincias más avanzadas en términos de gobierno abierto es Neuquén, que hace cinco años creó el ministerio de Ciudadanía: su objeto es promover derechos en áreas como diversidad, consumidores, derechos humanos. Ernesto Figueroa, director Provincial de Gestión Estratégica, planteó como tríptico central del trabajo en gobierno abierto a la incidencia, la innovación y la participación. Tras dos años de planificación sobre estos pilares, comenzaron a irradiarse en distintas áreas de gobierno.

El primer ejercicio del tríptico fue “hacia adentro” del ministerio de Ciudadanía: se conformó el NQNLab, un laboratorio de innovación pública que trabaja con los tres poderes del Estados y organizaciones. “El gran objetivo es que no haya necesidad de un ministerio como este, que deje de existir un NQNLab en el mediano o largo plazo”, explicó Figueroa.

Quilmes y CABA pusieron foco en la política pública de compromisos. Para Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, publicar información sobre la gestión es una versión acotada del Gobierno Abierto. Recientemente su administración publicó 21 compromisos, con metas gestionables y medibles, presupuestos y plazos, en una de las pocas experiencias de este tipo en el país. En la instancia municipal, es clave que en este proceso se recojan las necesidades directamente de los vecinos, porque las acciones tienen un impacto directo e inmediato en la ciudadanía, destacó la funcionaria.

La Ciudad de Buenos Aires también aplicó una política pública de compromisos. Como expuso en los conversatorios Florencia Romano, subsecretaria de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, esta práctica busca unir el plan de gobierno con el Gobierno Abierto. La agenda porteña en la materia lleva diez años: la rendición de cuentas de Horacio Rodríguez Larreta se viabiliza por el portal BA Data, con especificaciones sobre el porqué de las decisiones. “La pandemia reflejó aún más la necesidad de mostrar la evidencia a la ciudadanía”, destacó Romano.