Los diputados Cristian Ritondo (PJ) y Mauricio Bossa (Ucede) presentaron ayer en el Congreso un proyecto para derogar la Ley 25.873, que obligaba a todas las empresas de telecomunicaciones a captar y almacenar comunicaciones. A diferencia de la normativa impulsada por el Ejecutivo, en la iniciativa de los legisladores se excluye a los “prestadores que brinden servicios de Internet o de transmisión de datos en general” del almacenamiento. Según el proyecto, que contiene tres artículos, los operadores de telefonía “deberán cooperar con el Estado Nacional, en la medida de sus posibilidades tecnológicas, en la captación y derivación de las comunicaciones que se transmiten por sus redes para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial”.

El proyecto de Ritondo y Bosa establece, además, que las empresas deberán soportar los costos del equipamiento y redes de comunicaciones para la implementación y mantenimiento del sistema de interceptación de llamadas. La aplicación de esta obligación será determinada en la reglamentación “conforme la ecuación económico - financiera del servicio u objeto de la licencia”. Bossa señaló a Convergencia A Diario que una alternativa de financiamiento podría ser la creación de un “fondo para seguridad”.

Por último, la iniciativa indica que los prestadores deberán almacenar la información relativa al origen y destino de las llamadas cursadas a través de sus redes durante cinco años. Ayer, el presidente Néstor Kirchner ordenó suspender el decreto que reglamenta la ley. La Secom no está inmiscuida en los debates por la norma, según confiaron a Convergencia A Diario fuentes de Planificación, debido a que por el momento el asunto se restringe a la órbita del Congreso y el Poder Ejecutivo.