La ola de cuestionamientos y resistencias a la nueva ley de teletrabajo auguran un futuro de conflictividad, primero en su reglamentación y después en su aplicación.  No puede decirse que el lobby empresarial no haya tenido resultado alguno en el Congreso, pese a que el oficialismo logró aprobar sin cambios el proyecto que ya había negociado con la oposición en Diputados. La participación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) en la última reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social antes de que el proyecto pasara al recinto de la cámara alta obtuvo algunos frutos: la norma entrará en vigencia recién tres meses después de que finalice el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por lo que les evitó pagar los costos económicos del teletrabajo durante la cuarentena, donde la modalidad se disparó.

Para la UIA, el teletrabajo en sus agremiadas pasó del 8% al 10% del total y se prevé que pueda llegar al 30%, en línea con las estimaciones del informe de Cippec "Evaluando las oportunidades y los límites del teletrabajo en Argentina en tiempos del Covid-19". Según el CIPEC, hasta un 29% de los empleos se pueden realizar desde el hogar, es decir, alrededor de 3,3 millones de empleos del total de 11 millones registrados por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

No obstante, la realidad es despareja. De acuerdo con la Fundación Observatorio Pyme, las empresas de Servicios se encuentran en mejor situación que el resto de los sectores a la hora de incorporar teletrabajo y también muestran mayor capacidad inmediata de adopción de este sistema para su personal; .las regiones AMBA y  Centro (el resto de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) conforman los territorios mejor preparados para la implementación del teletrabajo; Y las empresas menores de hasta 50 ocupados enfrentan serios problemas tecnológicos, organizativos y económicos que le dificultan la adopción del teletrabajo.

La mayoría de las críticas del sector empresario (respaldadas por el bloque opositor de Juntos por el Cambio) condensó viejos reclamos en clave neoliberal sobre la legislación laboral en general sobre una supuesta excesiva carga regulatoria que desalentaría la promoción del teletrabajo en el país y la creación de nuevos puestos. En contraposición, representantes sindicales cuestionaron la ley por tener problemas de técnica legislativa, imprecisiones que generarán una mayor flexibilidad laboral y avances que quedan en la realidad condicionados a una negociación colectiva posterior.

El contrapunto resulta interesante por ejemplo con respecto a las interpretaciones en torno al artículo sobre la “reversibilidad”, es decir, el derecho que tienen las personas que se encuentran trabajando en modalidad de teletrabajo de volver a cumplir su tarea de manera presencial. Para el sector patronal, que la decisión de revocar el teletrabajo sea unilateral puede desalentar a empresas que quieran reducir costos achicando sus espacios físicos. Por el contrario, para los sindicatos, al ser un derecho reconocido en forma individual es prácticamente  imposible su ejercicio en la práctica dada la disparidad existente en la relación de poder entre trabajadores y empleadores a nivel individual.

Desterritorialización. Pero las limitaciones de la reversibilidad parecen ser un tema clave para varios rubros de TIC. La Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) le reclamó directamente al presidente Alberto Fernández que vete la ley, con el argumento de que  el teletrabajo ya está reglamentado por el Convenio Colectivo de Trabajo 688/14 en acuerdo con los gremios y con la participación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Para la CAAC, la nueva ley no solo es más rígida sino que también está en contradicción con lo acordado entre los gremios y las empresas del sector respecto al teletrabajo y que alcanza al 85% de sus 50.000 empleados que tiene en 11 provincias. Según la cámara, la única limitación que encuentra para expandir el teletrabajo no es atribuible al sector sino que corresponde a la escasa o nula conectividad en distintas partes del país, algo que también subraya el informe del CIPPEC como una limitación (Ver recuadro) Y la normativa sobre reversibilidad impediría en la práctica las contrataciones de recursos de otras provincias.

La Cámara de la Industria Argentina de Software (CESSI) argumenta que la ley hará perder  oportunidades de inclusión y de desarrollo federal, además de impactar negativamente en la recaudación fiscal. Según la cámara, como consecuencia de la nueva ley,  reglamentación, en CESSI creemos que habrá un gran número de profesionales altamente calificados que elegirían trabajar para empresas extranjeras o multinacionales que no estén instaladas en Argentina, desalentando el desarrollo productivo local.

Para CESSI, esta fuga de talento impactará directamente en la recaudación pública, ya que por cada 10.000 programadores que dejan de trabajar para empresas argentinas y lo hagan para el exterior, el Estado perdería $12.280 millones de recaudación por año. (Ver Recuadro 2). Sergio Candelo, presidente de CESSI, estimó que esa pérdida afectará los objetivos de la industria de pasar de 110.000 empleos en diciembre de 2019 a 500.000 en 2030, elevando las exportaciones argentinas de software de los actuales US$ 2.000 millones al año a US$ 10.000 millones anuales en los próximos diez años.