El presidente Néstor Kirchner deberá decidir de manera inminente si acata la declaración de inconstitucionalidad emitida por el juez de primera instancia Guillermo Rossi de la ley 25.873, que establece la obligación, por parte de las empresas de telecomunicaciones, de archivar todas las comunicaciones de los argentinos, incluyendo las que se realizan vía Internet y tenerlas a disposición del Estado. A través del decreto reglamentario 1.563, que se publicó en el Boletín Oficial en noviembre del año pasado, se fijo que junio sería el plazo límite para que las empresas estuvieran tecnológicamente preparadas para prestar en forma gratuita al Estado el servicio escucha, intercepción y derivación de comunicaciones. La norma había pasado desapercibida, hasta que su tratamiento periodístico generó una polémica. En ese momento, Kirchner anunció que el decreto 1.563 sería anulado. Sin embargo, fue sólo suspendido transitoriamente.