La industria del cable pone sus reparos ante una nueva ley de radiodifusión

El sector no se opone a cambiar la norma pero insiste en reclamar que se impida a las telefónicas dar IPTV. Además, cuestiona que se obligue a separar la generación de contenidos de la distribución.

En la jornada de cierre del III Encuentro Internacional de Banda Ancha, organizado por la Asociación Bonaerense de Televisión por Cable (ABT), las empresas del sector volvieron a realizar una fuerte advertencia en contra de que las compañías telefónicas puedan brindar servicios de televisión. Durante el evento realizado en la ciudad norteña de Salta, Walter Burzaco, presidente de Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC), acusó a las telefónicas de pretender “abordar de forma intempestiva y agresiva la industria del cable y de la radiodifusión en general. Es decir, volcar su posición dominante sobre la producción y creación de contenidos en detrimento de una red alternativa generada con inversión de riesgo y sin prebendas”.

En la Argentina, existen 1.200 localidades con cable y la penetración del servicio alcanza al 55% de los hogares. Pese a que la mayoría de las empresas son pymes, principalmente en el interior del país, el Grupo Clarín – a través de la fusionada Cablevisión-Multicanal, es actor dominante en el sector, y su posición contraria a las telefónicas impregnó el tono de los debates en el ecuentro.  El titular de ATVC fue muy gráfico a la hora considerar qué ocurriría si se autoriza a las empresas telefónicas brindar servicios de televisión: “Las empresas de servicios públicos no deberían ingresar porque sino de las 700 empresas de cable no va a quedar ninguna”.

Con respecto a la modificación que impulsa el Gobierno a la Ley de Radiodifusión, una de las normas que sigue vigente de la última dictadura militar (junto a la de Ley de Entidades Financieras), Burzaco señaló que las empresas de TV por cable no se oponen al cambio en sí mismo pero que irán a las audiencias del Congreso (si son convocados) para que el nuevo marco no comprometa “a un sector donde predominan las Pymes”. Frente a las versiones que indican que el Gobierno buscaría en la nueva ley de radiodifusión dividir la generación de contenidos de la distribución, lo cual afectaría a las empresas que son productoras de señales y al mismo tiempo tienen una red de cable, Burzaco dijo que si ese fuera el camino elegido “se debería redefinir toda la industria del cable”. El marco normativo actual permite a los cables tener sus propias señales y eso posibilita a muchas localidades del interior contar con una señal local.

En el encuentro también se abordó la problemática de lograr un acceso democrático a la banda ancha. Hernán Seoane, presidente de la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), fue muy critico con la alta concentración de las conexiones de banda ancha en cuatro ciudades (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario) que suman casi el 83% del total del país. Según Seoane, esto se debe a los altos precios que cobran las empresas telefónicas por sus enlaces en las localidades alejadas. A modo de ejemplo, señaló que la contratación de una trama de 1 Mbps a Salta cuesta US$ 600 mientras que a Miami, sólo US$ 100. En la visión de CABASE, si los precios no bajan hay que buscar una vía alternativa que permita federalizar la banda ancha. Por eso, ya comenzaron a elaborar un mapa nacional de la fibra óptica (por fuera del de las telefónicas) que se podría aprovechar. Además, intentarán ver en qué estado se encuentran los tendidos de fibra óptica que hizo el Estado cada vez que se embarcó en una obra pública y que nunca se utilizaron. También proponen crear NAPs regionales para mejorar el tráfico y evitar que las comunicaciones entre provincias vecinas tengan que pasar por Buenos Aires, tal como ocurre actualmente. El NAP de CABASE ya tiene 10 años y la entidad agrupa a unas 40 empresas de Internet.

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