El fiscal Marcelo Romero, del distrito de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), exigió a las compañías telefónicas que normalicen el servicio en las cárceles. Desde hace dos meses, y como medida para los evitar “secuestros virtuales”, las empresas quedaron obligadas por una resolución nacional a controlar el uso de los aparatos semipúblicos ubicados en los pabellones. No obstante, según el funcionario judicial, en algunos casos los presos quedaron incomunicados porque las empresas sacaron los teléfonos o restringieron el servicio. Por lo tanto, Romero presentó un recurso de amparo a una jueza de ejecución penal, considerando que la aplicación incorrecta de la medida provoca un “cercenamiento arbitrario” de la prestación e impone a los detenidos un estado de “aislamiento extrajudicial”.