La regulación de la inteligencia artificial se hizo un lugar en la agenda de parlamentaria argentina en simultáneo con la entrada en vigencia de la Ley de IA europea, el 1 de agosto pasado.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados llamó, hasta el momento, a tres reuniones, y están bajo la lupa 15 proyectos de ley, más otros cuatro en la Cámara de Senadores. A la par, los equipos de asesores de los distintos bloques fueron llamados a trabajar conjuntamente en la posibilidad de elaborar un único proyecto, hecho que se plantea hoy como el principal reto. Otro aspecto que se consolida como punto de partida para el debate parlamentario y el trabajo de los asesores es qué queda dentro y qué fuera de la IA en una eventual regulación.

En la diversidad de posiciones -expuestas tanto en las reuniones en Diputados como en los proyectos mismos-, hay dos inclinaciones principales: las volcadas hacia proteger los negocios potenciados por la IA; y aquellas más preocupadas por las implicaciones éticas y los riesgos asociados.

Desde el sector privado, Pablo Fuiza, en representación de la Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina (Cessi), señaló en el debate en Comisión que no se debería regular la IA por el momento. “Entendemos que una regulación que sea excesiva dejaría afuera a 6.000 pymes que están empezando a trabajar con IA. Eso podría frenar el potencial de desarrollo”, dijo. Por el contrario, planteó que se debe “hacer doble click” en los usos críticos y modificar las leyes existentes en ese sentido.

En diálogo con Convergencia, Luis Galeazzi, director Ejecutivo de Argencon, definió a la normativa europea como “excesivamente controladora” y advirtió que el marco regulatorio para la IA debe encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación y la responsabilidad en su uso. Las eventuales normas, en su opinión, deberían proteger los derechos humanos sin detener el avance tecnológico.

La inclinación por la mínima regulación posible para la IA también es pregonada por Alexander Ditzend, presidente de la Sociedad Argentina de IA (SAIA). Consideró en una entrevista con este medio que la redacción de una ley debe encararse “con mucha astucia”, y descartó que la entidad que representa pueda apoyar “un desarrollo ciego que lo único que ve es la cantidad de dinero que puede generar”.

En esta línea, el proyecto de ley de Martín Yeza, legislador del Pro por la provincia de Buenos Aires, llama a crear sandbox regulatorios para impulsar modelos de negocio basados en IA. Estos sandbox establecerán “métodos de prueba con el fin de evaluar el funcionamiento, impacto y efectos de nuevas tecnologías e innovaciones de la regulación vigente, para determinar la viabilidad de su implementación y/o la necesidad de establecer una flexibilización en el marco regulatorio existente, o la simplificación de los correspondientes trámites”. Y con el mismo signo político, Silvana Giudici introdujo un proyecto que busca declarar de interés nacional y estratégico el desarrollo científico y tecnológico de Sistemas de IA.

Análisis. Entre los proyectos presentados, tres buscan la creación de organismos para privilegiar los análisis y, eventualmente, redactar un proyecto de ley. La diputada socialista por Santa Fe, Mónica Fein, sugiere una Comisión Multisectorial de Análisis y Estudio de Alternativas Regulatorias de la IA y otras innovaciones tecnológicas afines, y le endilga a este ente la elaboración de un proyecto de ley. Su par peronista por Catamarca, Silvana Ginocchio, lo denomina Observatorio Federal sobre IA, con el objeto de fortalecer y garantizar su desarrollo y uso, evaluar el régimen normativo vigente y las políticas públicas con el fin de elaborar recomendaciones.

Finalmente, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) “busca establecer un marco legal a los desarrollos de inteligencia artificial con el objetivo de crear certificaciones de buenas prácticas e implementar un registro de riesgos significativos”. Para ello plantea la creación del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial.