El gobierno del Frente de Todos dejó como saldo la subasta a demanda de 2,6 GHz, la licitación de 3,5 GHz, la habilitación de la banda de 6 GHz (5925-7125 MHz) de manera completa para Wifi 6, el Reglamento de Espectro y algunas cuentas pendientes.

Según el informe de gestión de la Secretaría de Innovación Pública (SIP), las políticas de espectro se sustentaron en el “Plan de Gestión de Espectro” elaborado en conjunto con el Enacom. El “Plan” que nunca fue presentado en sociedad; partió del documento “Desafíos y Necesidades de Espectro Radioeléctrico en Argentina” que elaboró la gestión de Héctor Huici en 2019 después de una consulta pública realizada durante el gobierno de Macri.

Claudio Ambrosini, presidente del Enacom, consideró como segundo objetivo de su gestión -el primero eran las Pymes- el otorgamiento de espectro. Al asumir, anticipó que harían modificaciones sobre los documentos dejados por el gobierno anterior y que trabajarían amalgamados con la SubTic, Innovación y Arsat.

El primer movimiento sobre espectro fue en diciembre de 2020 con la apertura de la consulta pública sobre WiFi 6 (5.925-6.425 MHz), que finalizó en febrero 2021 con 19 opiniones. El segundo, en agosto 2021, con la consulta pública sobre el reglamento de espectro.

La coalición gobernante perdió las elecciones legislativas de 2021 y reconfiguró la estructura del Estado y el poder de los funcionarios. En enero 2022, el entonces vice jefe de Gabinete, Jorge Neme, dialogaba con los operadores para la desjudicialización del DNU690 -que no ocurrió- como paso previo a un concurso de 5G. A partir allí, el Enacom tomó la batuta de la asignación de frecuencias.

En marzo de 2022, Telecom devolvió 40 MHz en las bandas de 900 MHz y 2.600 MHz en 298 localidades. Esa restitución era el remanente de los 80 MHz que excedían el tope de 140 MHz tras la fusión Telecom-Cablevisión. En mayo del mismo año se anunció la asignación bajo demanda de 2,6 GHz de la que sólo pudieron participar los tres grandes operadores. El proceso recaudó U$S 27,5 millones y cada operador tuvo la posibilidad de aumentar su tenencia hasta completar 40 MHz totales en distintas localidades.

De la subasta 2014 (4G) quedaron sin asignar 30 MHz en la banda de 1.900 MHz en el área de explotación I, y 20 MHz en cada una de las áreas II y III; 20 MHz en 700 MHz a nivel nacional y 50 MHz en la banda AWS también a nivel nacional. En total son unos 90 MHz disponibles. Según el DNU 58/2019 –que modificó la Ley Argentina Digital- se instruyó al Enacom para que en caso de asignar las frecuencias remanentes de 2014 diera participación a prestadores TIC regionales, locales, públicos o privados en no menos de un 20%. Pese a la supuesta intención de priorizar a las Pymes, el gobierno hizo la vista gorda a la inclusión de este sector en la movilidad.

A partir de diciembre 2022, el partido por las frecuencias se centró en 3,5 GHz. El debate incluyó el precio del espectro, las críticas a los fines recaudatorios y la posibilidad de licitarlo en forma conjunta con los remanentes de frecuencias de 2014 ya que los grandes operadores consideraban que en 4G “todavía hay mucho por hacer” y las Pymes -con mira en el modelo de Brasil- demandaban entrar a la movilidad con un modelo diferente al de OMV que, para algunas, tal como está planteado, no resulta negocio.

El paso a paso para licitar 3,5 GHz. El 24 de octubre de 2023 concluyó un proceso iniciado en diciembre de 2021 con la definición de bandas aptas para lo que un año más tarde se definiría como Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI). Con una recaudación total de US$ 875 millones, el primer lote (3.300-3.400 MHz) fue adjudicado a Claro por US$ 350,05 millones; el segundo (3.400-3.500 MHz), a Telecom, por una cifra levemente inferior; y Telefónica se quedó con el segundo lote de 50 MHz dentro del último bloque en disputa (3.550-3.600 MHz), por US$ 175,01 millones. Al pliego se le criticaron los objetivos recaudatorios y las irrisorias obligaciones de cobertura (ver Convergencia Telemática Nº 333).

Las idas y vueltas fueron sucesivas y se dilataron por espacio de dos años. En ese camino, se dieron instancias intermedias como la publicación del Reglamento Sobre Administración, Gestión y Control del Espectro (Resolución 682/2023); la habilitación de la banda de 6 GHz (5.925-7.125 MHz) de manera completa para WiFi 6; y la Resolución 1122/2023, que exceptuó a Arsat del pago de los derechos y aranceles radioeléctricos, respecto a 1.654 estaciones terrenas remotas, desde diciembre de 2015, con lo que la estatal dejó de ser morosa y se le allanó el camino para el acceso al espectro.

El Reglamento concentró competencias en la Autoridad de Aplicación por sobre la SIP. Una de ellas es la definición de políticas en materia de espectro. Entre las novedades, incorporó la figura de mercado secundario, la compartición de bandas de frecuencia entre operadores y dejó como tarea futura la reglamentación del mercado secundario, el Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones, el análisis de interferencias y los procesos sancionatorios.

La semana previa al vencimiento del plazo de presentaciones estuvo marcada por “las resoluciones de la concordia” consecuencia de las últimas cartas jugadas por los operadores. La primera, del 21 de septiembre, fue la resolución aclaratoria donde el Enacom estableció el mecanismo que permitió a Telefónica ofertar sólo por 50 MHz. También determinó que de asignar un lote vacante a Arsat, esta última no podría transferirlo a terceros. Pero lo más importante de esa aclaratoria fue lo referido a la forma de pago. El pliego establecía que podía abonarse en moneda nacional al tipo de cambio del Banco Nación, en la aclaratoria se permitió que, de ingresar fondos del exterior, no sería obligatorio liquidarlos contra pesos en el Mercado Único y libre de Cambios (MULC) y para ello se requirió la intervención del Banco Central. Una nota de dicha entidad, del 28 de septiembre, cerró el encuadre que mejoró la ecuación financiera de los operadores. Como resultado, el monto recaudado en moneda estadounidense y el valor contable para las empresas es el del concurso, pero en términos de dólares “contantes y sonantes”, dependiendo de cómo se haya fondeado cada compañía, la cantidad estuvo más cerca del valor que las compañías le asignaban al espectro que de los precios base del concurso.

Días después de la aclaratoria circuló una resolución del Juzgado Federal Nro. 2 de Mendoza -fechada 21 de septiembre- que hacía lugar a una medida cautelar solicitada por la Cámara de Infraestructura Digital Argentina (IDA) para la suspensión del plazo límite de presentación de ofertas (29-09) argumentando que el Enacom no había contestado impugnaciones y planteos formulados previamente, a la vez que advertía que estaba dejando fuera al sector Pyme. La presión que ejerció esta “pre-cautelar” habría sido una de las razones para que el Enacom habilitara la compra de lotes de 50 MHz.

El Enacom hizo lugar parcialmente al reclamo de IDA mediante las resoluciones 1239 (25 de septiembre) y 1337 (28 de septiembre). Ninguna de ellas tuvo la orden de publicarse en el Boletín Oficial. En la primera se instruyó a dos direcciones del Enacom a “elaborar una normativa para la inserción de las Pymes en el despliegue de infraestructura STeFI” bajo tres lineamientos: promover la compartición de infraestructura donde operan Pymes y cooperativas; desarrollar pautas para facilitar acuerdos entre los prestadores STeFI y los licenciatarios TIC con énfasis en localidades de hasta 30.000 habitantes; y fomentar programas de Servicio Universal donde se celebren acuerdos. Luego, en la Res. 1337 modificó el tamaño de las localidades llevándolo hasta 50.000 habitantes; e instruyó a las Direcciones competentes del regulador para que evalúen la factibilidad de que los adjudicatarios que celebren acuerdos de compartición onerosa de infraestructura pasiva con Pymes y cooperativas puedan acceder a una reducción de los valores de los derechos radioeléctricos establecidos en la Ley Argentina Digital correspondientes a las respectivas localidades.

El 26 de septiembre se presentó Claro. El 29 en el mismo momento en que Telecom y Telefónica oficializaron su participación, IDA comunicó que desistía de sus reclamos, argumentando que el Enacom había dictado resoluciones -cuyo número no mencionaba- que establecían pautas concretas en beneficio de las Pymes. El gobierno logró lo que quería, y los operadores también.

Cuentas pendientes. Según estipuló el pliego de la subasta 5G, en caso de quedar un lote vacante en la licitación de 3,5 GHz, se le concedería a Arsat. Este es un primer cabo suelto, teniendo en cuenta que Telefónica sólo adquirió 50 MHz en el tercer bloque disponible.

A su vez, la estatal recibió el mismo día de aprobación de condiciones de la subasta (28 de agosto), la parte alta de la banda -de 3,6 a 3,7 GHz-, bajo el objetivo expreso de cumplimentar “un plan estratégico de conectividad federal del Estado Nacional”. Esta asignación es por un plazo de 20 años, a excepción de ciertas localidades, “en las cuales se asigna a Arsat la banda de frecuencias comprendida entre 3.600 y 3.675 MHz”. En referencia a esta última porción de espectro, como desarrolló Convergencia Telemática N.º 333 de septiembre de 2023, el llamado a concurso se realizó estando pendientes de resolución impugnaciones presentadas por Velocom (Grupo Datco).

Por último, quedó sin resolver otro conflicto que data de 2017. A mediados de mayo de 2023, el Enacom fijó un plazo de 30 días para que Claro, Telecom y Telefónica otorgasen a Telecentro acceso y conexión física y funcional a sus redes. Se trató de un nuevo capítulo en la contienda que mantienen la empresa de Alberto Pierri y los operadores móviles, desde 2016. A meses de dictada la medida, no existen confirmaciones sobre el efectivo acceso garantizado a Telecentro.