Los días en torno al 25 de mayo sorprendieron con un reguero de anuncios, promesas y especulaciones sobre iniciativas del Ejecutivo encaminadas al Congreso, algunas de ellas con impacto en el sector TIC. El escándalo en torno a gastos privados del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó por debajo de ese ruido noticioso, y el mes de junio -con su fiebre mundialista a cuestas- se anticipa como escenario candente de debates parlamentarios. En aras de ordenarlo para sus lectores, Convergencia sintetiza en estas páginas lo sucedido, interpretado y especulado en la Semana Patria y jornadas posteriores (y con particular énfasis tuitero durante los fines de semana).

La mecha se encendió el viernes 22 de mayo, poco después de las 17, con un mensaje de Adorni en la red social X que adelantaba un paquete de cuatro proyectos en vuelo hacia el Congreso: la Ley de Ludopatía, el Super RIGI, la Ley de Lobby y el Etiquetado Frontal. Así, en el borde del fin de semana largo de mayo, comenzaron a circular adelantos de diversos medios sobre estas iniciativas, que verían la luz en el inicio de la semana hábil siguiente.

El Proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocido como "Ley de Lobby", toma como referencia el modelo estadounidense, con reglas obligatorias para las gestiones de intereses destinadas a influir en decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso. Con el fin de eliminar "espacios de opacidad", como calificó el Gobierno, el proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados, actualmente bajo control oficialista.

Entre sus puntos clave, crea dos registros públicos: uno de identificación de los gestores de intereses, y otro donde se deben dejar asentados los contactos, reuniones y negociaciones mantenidas con funcionarios públicos, vinculadas a leyes, políticas públicas, contrataciones, concesiones, permisos y autorizaciones. Los inscriptos como lobbistas deberán presentar reportes trimestrales obligatorios y quienes sean exfuncionarios no podrán actuar bajo esta figura ante un organismo donde se hayan desempeñado, por espacio de dos años tras dejar el cargo.

Junto con la "Ley de Lobby", desde el arranque de junio se debatirá en las mismas comisiones el "Súper RIGI" (Proyecto de Ley Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias). Se presentó como versión "superadora" del actual RIGI aprobado en la Ley Bases, con una ampliación de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones mínimas de al menos US$ 1.000 millones por proyecto, y no tardó en generar críticas y sospechas.

En los fundamentos del proyecto el Ejecutivo explica que el país quedó rezagado en desarrollo de industrias tecnológicas de frontera debido a inestabilidad normativa, presión tributaria y restricciones cambiarias, por lo que es necesario posicionar a la Argentina "como un destino de inversión de primer nivel mundial", mediante una "señal institucional inequívoca" a potenciales inversores nacionales y extranjeros.

La revelación de la letra chica del proyecto, pregonada como "mega bomba" por el presidente Javier Milei en X, disparó interpretaciones vinculadas al desembarco de Peter Thiel en el país. Al fin y al cabo, define como "nuevas actividades económicas" adecuadas para el Super RIGI a desarrollos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica, inexistentes en el país o con un desarrollo experimental o piloto.

Trama de corrupción bajo investigación. Pasada la Semana de Mayo, el miércoles 27 se realizaron allanamientos en domicilios de Facundo Leal, ex director de Arsat, tras una investigación periodística iniciada por La Nación. Luego de esto el ex funcionario fue detenido por el hallazgo de estupefacientes, una valija con 19 artefactos de inteligencia de espionaje y US$ 2.400.000 en efectivo, en dos de sus propiedades en Palermo (CABA) y Mendoza. La investigación del matutino surgió a partir de una causa del juzgado federal de San Isidro de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez, que se remonta a 2024, por el robo de fibra en un depósito de San Fernando. Esto condujo a indicios de presunta corrupción en los contratos de Arsat. Tras los allanamientos de fines de mayo, comenzaron a investigarse, como relataron Clarín e Infobae, vínculos de Leal con otros empresarios y funcionarios, conocidos como "la banda de los mendocinos", acusados de direccionamiento de contratos, sobreprecios y pagos de coimas. El fiscal Domínguez pidió indagatorias de 10 acusados, entre ex funcionarios de ARSAT, directivos de Argentina Logistic Services (ALS) e intermediarios, además de nuevos allanamientos.

Entre quienes denostaron la iniciativa, el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, vinculó el Súper RIGI con la "Ley de lobby": "El gobierno de Javier Milei envía un proyecto de ley para transparentar el 'lobby' junto a otro proyecto que es lobby directo de Peter Thiel (Súper RIGI)", sintetizó.

Gemelo digital social. El mismo 22 de mayo, casi en sintonía con el anuncio en redes sociales de Adorni, el ministerio de Capital Humano publicó un video de lanzamiento del Gemelo Digital Social. Esta herramienta utiliza IA para evaluar los resultados de las políticas públicas antes de su implementación: integra datos reales, con información de múltiples fuentes en una base de datos unificada, para simular, anticipar y optimizar políticas públicas.

El proyecto, según dio a conocer la cartera liderada por Sandra Pettovello, se implementará en cuatro etapas: un diagnóstico interno con mapeo de datos existentes en el Ministerio; una primera mesa de trabajo con actores del sector público, privado y académico; la definición de una arquitectura tecnológica con herramientas de simulación e IA; y una segunda mesa dedicada a debatir privacidad, ética algorítmica y marcos legales.

Entre otros detalles compartidos por Capital Humano, se explicó que el Gemelo Digital Social busca "construir un sistema inteligente capaz de integrar información social, educativa, laboral y territorial para analizar dinámicas sociales complejas, comprender patrones, detectar riesgos, simular políticas públicas y proyectar escenarios futuros. El objeto central es optimizar la generación de Capital Humano".

Este anuncio no tardó en crear controversia. El diputado nacional Agustín Rossi presentó un hábeas data colectivo ante la Justicia Federal, exigiendo precisiones sobre el uso y tratamiento de datos personales de la población argentina. La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, a cargo de la jueza Natalia Analía Martínez, y solicita que el ministerio de Capital Humano informe el marco legal de la iniciativa, qué tipo de datos serán utilizados, qué organismos públicos y empresas participan del desarrollo del sistema y cuáles son los mecanismos de control previstos.

El plan de cuatro pasos tiene como eco a Palantir, empresa de Thiel, que justamente ofrece el servicio de Gemelo Digital Social como parte de su portfolio de productos sobre IA.

Hojarasca. En paralelo al revuelo creado por estas novedades, el 20 de mayo hubo avances en la discusión parlamentaria de la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, o "Ley de Hojarascas", enviada al Congreso a fines de marzo, luego de que su versión previa, de octubre de 2024, perdiera estado parlamentario.

Concretamente, en el inicio de la Semana Patria la normativa obtuvo media sanción en Diputados. Y ahora el oficialismo busca alcanzar dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por Agustín Coto y Nadia Márquez, ambos de La Libertad Avanza.

El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y establece diversas derogaciones. Entre ellas, cuestiones obsoletas como la autorización de transmisiones a color (Ley Nº 21.895, de 1978), pero también, con nuevas instancias de polémica, como la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales (Ley N° 25.750 de 2003).

La normativa sobre Bienes Culturales, a la que Sturzenegger criticó por su "dudosa constitucionalidad" y por "afectar el derecho de propiedad", indica que la política del Estado nacional preservará especialmente el patrimonio cultural; las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país; las actividades e industrias de relevancia para la defensa; y el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación. En relación con la propiedad de los medios de comunicación, establece la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario.

El avance parlamentario de la derogación de la Ley de Bienes Culturales en particular cosechó rechazos por su potencial para "abrir la puerta" a la privatización de Arsat y Nucleoeléctrica Argentina. Entre los legisladores en contra, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, sostuvo: "Ya en la Ley Bases se incluía en el listado de empresas sujetas a privatización a Arsat, Nucleoléctrica, Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), Fabricaciones Militares, Tandanor. Está en el plan de este gobierno liquidar empresas estratégicas para la ciencia, la tecnología y la defensa nacional. Van desarmando barreras de protección de industrias y actividades estratégicas de la Argentina, y quieren liquidar empresas estratégicas para la defensa, la ciencia y la tecnología".

En tanto, desde un artículo en Página 12, el físico Diego Hurtado -profesor de la Universidad de San Martín y ex secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación- advirtió que en las semanas previas al debate legislativo hubo 5 visitas del Departamento de Estado estadounidense a Arsat. Y habló de un interés puntual de Peter Thiel y su empresa Palantir en la empresa estatal, en particular en su centro de datos, así como instalaciones de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en Córdoba.

En el tintero. Durante el fin de semana previo al 25 de mayo, circuló además a través de Cadena 3 la versión de un nuevo proyecto para reformar la Ley de Medios y desregular el mercado. Entre sus aristas, estarían la flexibilización del sistema de licencias, la reducción de las fiscalizaciones del Enacom y de obligaciones sobre contenidos mínimos. También, y como uno de los ejes controversiales, se habló de asimilar a los periodistas con funcionarios, obligándolos a presentar declaraciones juradas de sus bienes, bajo la figura legal de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Aunque hasta el cierre de esta edición no hubo una presentación concreta de un proyecto como el descripto, no faltaron los mensajes de alerta entre actores del rubro mediático. Mario Pergolini, desde su programa nocturno en El Trece, lanzó una advertencia sobre la libertad de expresión y los rumores que circulan. "En la Argentina se está empezando a hablar de una nueva ley de medios. Hay que entender que la gente es adulta y puede tomar las decisiones que quiera sin que ustedes cercenen las libertades de cualquiera", fustigó.

Según los trascendidos, el borrador del texto fue confeccionado por equipos legales de la Casa Rosada y analizado en una reunión entre Milei y Adorni en la Quinta de Olivos.

Sociedades. Como corolario de todos los proyectos en danza, el ejecutivo ingresó el 1 de junio en el Senado el proyecto para una nueva Ley de Sociedades. En este caso el anuncio había estado a cargo de Adorni, nuevamente un viernes por la tarde (29 de mayo), desde su cuenta de X.

Su objetivo, según los fundamentos de la normativa, es conformar un nuevo régimen jurídico societario integral, con nuevas figuras y una flexibilización de los tipos societarios, tendiente a mayor libertad en la estructura y capital social, y con instrumentos como DAOs (Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas). Estas últimas, basadas en contratos inteligentes, tecnología blockchain y gobernanza digital, podrán constituirse y operar en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables.

La propuesta también contempla las participaciones sociales digitales y tokenizables, es decir, la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y recurrir a mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.

Las señales de alerta frente a esta se centraron en las áreas grises en fiscalización y control de las DAOs; y en que las sociedades queden habilitadas para someter sus conflictos internos al derecho extranjero, y a pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias, sin dependencia de la Justicia ordinaria.